El sindicato CSIF, mayoritario en la función pública, no oculta su temor a la era que viene. Sospecha que el nuevo examen anunciado y regulado por el Gobierno para "evaluar el desempeño" de los actuales empleados públicos esconde un mecanismo ajeno a la neutralidad con el que aupar a los afines. Pero Pedro Sánchez sigue adelante con su plan de pruebas para los funcionarios, tanto para su permanencia como su incorporación a los respectivos cuerpos de empleados públicos. Y todo ello, pese a la existencia de dudas muy serias sobre su constitucionalidad.
La norma básica de los funcionarios es el Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante TREBEP). Allí se regulan los procesos selectivos y se señala que pueden incluir pruebas basadas en la comprobación de conocimientos; capacidad analítica de aspirantes; realización de ejercicios de habilidades y destrezas; comprobación del dominio de lenguas extranjeras o pruebas físicas. Es más, pueden completarse con: "Superación de cursos. Periodo de prácticas. Exposición curricular de los candidatos. Pruebas psicotécnicas. Realización entrevistas. Reconocimientos médicos".
El Real Decreto Ley 6/2023 por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, por su parte, ha supuesto un cambio profundo de esta materia.
Con el Real Decreto se incorpora la valoración a los aspirantes de "competencias profesionales" para adecuar el contenido de los procesos selectivos y las funciones a desarrollar. Y, con ese fin, se sumaron a las pruebas selectivas del TREBEP anteriormente citadas las relativas a herramientas y soluciones de las tecnologías de la información y las comunicaciones informáticas.
De ese modo, cómo destaca Teresa Gálvez Dávila -funcionaria y autora del manual técnico "Cómo opositar, todas las claves para los procesos de estabilización, consolidación y funcionarización"-, los aspirantes podrán tener que acreditar esos conocimientos de forma práctica, como se ha requerido a los aspirantes de la evaluación piloto del "modelo por Competencias" de la Generalidad Valenciana.
Pero Gálvez señala que lo más llamativo llega en el penúltimo párrafo de la página 167956 del BOE donde se describen las pruebas psicométricas: "Pruebas psicométricas para valorar la personalidad, habilidades y capacidades de los aspirantes". Y es que entre los tests que se utilizan para realizar las pruebas psicométricas se encuentran las "Pruebas 16PF" que valoran la personalidad de los aspirantes.
Gálvez señala que "el Test Ferman se utiliza para la medición de la inteligencia. El comportamiento con el test Koslick. El test Cleaver refleja la actuación del aspirante ante situaciones límite. La prueba de los líderes es el test Moss para determinar la capacidad del candidato de tomar decisiones, evaluar problemas, saber delegar actividades, etc. El test Zavic permite conocer los valores e intereses del postulante para determinar si se adecúan a los de la empresa".
Son psicólogos, y psicómetras, los que realizan estas evaluaciones en los departamentos de Recursos Humanos de las empresas privadas y, existen empresas especializadas a las que solicitar servicios de evaluación y reclutamiento de personal. "Los departamentos de personal de las Administraciones públicas son operativos, gestionan nombramientos, situaciones administrativas, nóminas, concursos de méritos, convocatorias, etc.. No evalúan personal", añade Gálvez. "Los empleados públicos, hasta la fecha, no disponen de formación ni experiencia en Recursos Humanos para efectuar pruebas psicométricas", añade la experta.
Por ello, habría que licitar un contrato de "servicios" a empresas privadas, determinando en los pliegos de cláusulas administrativas qué perfiles requieren ser evaluados con pruebas psicométricas tanto para el acceso a la Administración pública, o, para la promoción interna, añade Gálvez.
Especialmente porque la evaluación "por competencias" de los empleados públicos tiene matices "muy subjetivos". "Tomando en cuenta lo divergente de los postulados de los partidos políticos, nos podemos encontrar que lo que permita acceder a un aspirante, le puede hacer dejar su puesto con la evaluación del "desempeño". Y eso, "no solamente sería un perjuicio para los afectados, sin que también se debilitaría la estructura de la Administración Pública".