Una de las cosas nefastas del estado (y tiene muchas) es que ejerce el monopolio de la coacción y la fuerza. Es decir, no hay nada que usted pueda hacer si el estado decide ir contra usted. La indefensión es absoluta.
Esto permite al estado llevar a cabo cualquier tipo de política, siempre escudados en la falacia de la representación popular y un concepto bochornosamente pueril de democracia. Así se permiten tomar decisiones que sirven a los intereses de sus agendas políticas, independientemente de que esto sea positivo o nefasto para el conjunto de los ciudadanos. Perpetran todo tipo de tropelías, conscientes del poco coste electoral que ello tiene. Incluso, si la causa tiene cierto apoyo popular, pueden llegar a tratar de manera absolutamente injusta a un determinado colectivo mientras la manada de palmeros les ríe la gracia.
El trato a la energía nuclear es un ejemplo de esto que comento. Una tecnología denostada y perseguida desde el gobierno, con una carga fiscal injusta que no tiene comparación con ninguna otra tecnología existente, con impuestos duplicados y triplicados, con impuestos inconstitucionales y a la que se le obliga a pagar las ineptitudes propias de la casta política que nos asola.
Sobre la mesa existe un calendario de cierre de las centrales nucleares españolas, acordado en 2019 entre el gobierno y los propietarios de las mismas. Ese calendario extendió la operación de las plantas unos años más y, como contrapartida, subió la tasa que las centrales pagan para hacerse cargo del coste de la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las mismas. Durante esas negociaciones se acordó que esa tasa tendría una subida máxima del 20% y se fijó en 7,98€ por cada MWh de electricidad producida.
Ahora, el gobierno, se desmarca de manera unilateral con un Real Decreto en el que pretende subir esa tasa nada menos que un 40% hasta los 11,14 €/MWh. ¿Por qué? Por dos motivos fundamentales, el primero porque la ineptitud del estado en esta España nuestra ha provocado que se cancele el proyecto centralizado de gestión de residuos radiactivos. Esto ha ocasionado que la gestión de los mismos sea mucho más cara. ¿La culpa? Del gobierno. ¿Pero quién lo va a pagar? Las centrales nucleares.
El segundo motivo es de índole ideológico-estratégica: continuar fabricando la coartada antinuclear. Seguir gravando la energía nuclear de manera ambigua y arbitraria para luego poder decir que no es competitiva y que son los propios dueños los que las quieren cerrar. Un auténtico despropósito. Hasta tal punto que, en base a la literatura rosa del BOE, son capaces de convertir en inviable la energía más competitiva que tenemos en España.
Una tecnología que produce electricidad en el entorno de los 35€/MWh necesita, para sobrevivir, precios en el entorno de los 60€/MWh por la persecución indiscriminada del gobierno. Ese gobierno que va a cerrar las centrales nucleares para dejar abiertas todas las de gas mientras le vende a usted el relato de que lo hace por el clima. Abusones antinucleares, no son más que eso.