Agricultores y ganaderos europeos empiezan a rebelarse contras las políticas medioambientales y fiscales implantadas en la UE, cuyo objetivo, en teoría, persigue reducir las emisiones de CO2 de este particular sector mediante prohibiciones y restricciones de todo tipo que, en última instancia, terminan encareciendo sus productos, sobre todo si se comparan con las importaciones que llegan de terceros países, que no cumplen tales condiciones.
Las protestas se han ido extendiendo e intensificando por todo el continente en los últimos años. En Holanda, la movilización del campo contra las políticas climáticas que afectan a su actividad posibilitó la llegada Geert Wilders a la Presidencia. En los últimos meses, las protestas se han centrado en Alemania. Y ahora han saltado a Francia y Bélgica, al tiempo que el sector español comienza a preparar sus particulares protestas.
El problema de fondo es idéntico: el fuerte aumento de costes de producción derivado de la creciente y asfixiante regulación climática y la ventaja competitiva que esto supone para otros países de fuera de la UE, al poder ofrecer productos más baratos. La solución que plantean muchos afectados, sin embargo, no ataca la raíz de la cuestión, que no es otra cosa que esa perjudicial normativa a sus intereses, sino que se centra en solicitar que se apliquen idénticas restricciones a los alimentos importados de fuera.
Pero de poco o nada servirá que los estados comunitarios eleven sus barreras comerciales, con el consiguiente daño a los productores de terceros países y a los propios consumidores europeos, si insisten en su estrategia de encarecer la producción agrícola y ganadera de los países miembros con la excusa de combatir el cambio climático. El problema es la regulación, no la sana competencia procedente de otros países.
Y es aquí, a la luz de este nuevo conflicto social, donde los mensajes y estrategias de los organismos internacionales cobran mayor relevancia. Tanto la UE como ONU o incluso la OMS (organización Mundial de la Salud) le han declarado la guerra a la agricultura y ganadería tradicionales. De ahí surgen, precisamente, las nuevas exigencias medioambientales y subidas fiscales que, en última instancia, aplican los gobiernos de los diferentes países europeos.
Y prueba de ello es la intervención que protagonizó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el pasado mes de diciembre, con ocasión de la cumbre internacional de la ONU sobre el clima (COP28) que tuvo lugar en Emiratos Árabes. Sus palabras aclaran cuál es la hoja de ruta a seguir:
Nuestros sistemas alimentarios están dañando la salud de las personas y del planeta. Los sistemas alimentarios contribuyen a más del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero y representan casi un tercio de la carga mundial de enfermedades. Por lo tanto, es esencial transformar los sistemas alimentarios, cambiando hacia dietas más saludables, diversificadas y basadas más en plantas.
Y la OMS añade que "la COP28 ha cambiado las reglas del juego al poner los sistemas alimentarios en el mapa y vincular las acciones climáticas y nutricionales. La nutrición es la base de una vida sana y debemos garantizar que todos tengan acceso a dieta saludables y sostenibles".
Pero, ¿cuáles son esas políticas para mejorar la sostenibilidad ambiental de la agricultura y la ganadería? La OMS parte de la base se que algunos alimentos, como la producción de carne, huevos y aceites vegetales, contribuyen negativamente al calentamiento global porque emiten más CO2 por kg que vegetales, frutas y pescado.
Y, según lo debatido en el seno de la COP28, la solución para transitar hacia "dietas saludables y sostenibles" que permitan reducir de forma significativa las emisiones netas de CO2 consiste, entre otras medidas, en aumentar el "acceso a alimentos saludables" y controlar "la comercialización de alimentos y bebidas altamente procesados con alto contenido de azúcar, sal y grasas no saludables".
¿Cómo? Mediante la implementación de nuevas "intervenciones" en el sector primario. Es decir, más exigencias regulatorias e impuestos. El objetivo último de estas políticas es encarecer los costes de ciertas actividades agrícolas y ganaderas, elevando el precio de dichos alimentos, para que se reduzca la producción. Por esta razón, el Gobierno de Pedro Sánchez se plantea, por ejemplo, encarecer el combustible profesional del sector primario.