La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, arrancó su andadura al frente del Gobierno en octubre de 2022 y una de sus primeras medidas consistió en reformar la denominada Renta de Ciudadanía, un subsidio aprobado la pasada legislatura por el Movimiento 5 Estrellas (M5S) consistente en una ayuda económica destinada a personas en riesgo de exclusión. Se trata de una ayuda similar a la Renta Mínima implantada por el Gobierno de PSOE y Sumar en toda España.
Aunque en un primer momento Meloni anunció su completa eliminación, finalmente condicionó su concesión y mantenimiento de forma exclusiva a las personas que no pudieran trabajar. Es decir, todos los beneficiarios que estuvieran en condiciones de aceptar un empleo perderían esta particular paguita. En concreto, sustituyó la citada Renta por un nuevo Subsidio de Inclusión destinado a familias donde haya personas con discapacidad, menores o mayores de 65 años.
Meloni cumplió su promesa y a finales del pasado julio su Gobierno informó de la retirada de la Renta Ciudadana "a los que pudieran trabajar", afectando en un principio a unas 169.000 familias que, hasta entonces, cobraban dicha prestación.
La cuestión es que, lejos de aumentar, el paro ha descendido, tanto en los últimos meses como desde que Meloni se hizo con el poder. Italia cerró 2023 con una tasa de desempleo del 7,2%, la más baja desde 2008 y siete décimas menos respecto al inicio de su mandato, a finales de 2022.
Con un total de 1,83 millones de parados, el desempleo ha caído en 130.000 personas desde que se suspendió la citada Renta y en 150.000 desde que gobierna Meloni. Asimismo, Italia cerró el pasado año con 23,8 millones de ocupados, unos 230.000 más que el pasado julio y más de 500.000 nuevos empleos desde que arrancó la presente legislatura.
Según el Gobierno de Meloni, la Renta Ciudadana tan sólo sirvió para derrochar dinero público y aumentar la pobreza. Prueba de ello es que el número de hogares que recibió esta prestación se disparó desde los 570.826 en 2019 hasta más de 1 millón en 2023, casi el doble.
Curiosamente, eso es lo que persigue justo ahora la ministra de Trabajo en España, Yolanda Díaz, con la extensión del subsidio de desempleo, cuya aprobación se está negociando de nuevo, ya que el número de perceptores de esta ayuda podría subir en 400.000 personas, pasando de los 700.000 actuales a cerca de 1,1 millones.