La rebelión de los agricultores comienza a dar frutos. La Comisión Europea ha reconocido su error y ha propuesto este jueves relajar algunos de los requisitos medioambientales de la Política Agraria Común (PAC), los polémicos ecorregímenes de los que tanto presume el Gobierno de Pedro Sánchez. La intención de la UE es aliviar la carga administrativa de los profesionales agrícolas y, obviamente, templar las protestas del campo cuando apenas quedan cuatro meses para las elecciones europeas.
Los ecorregímenes son el gran cambio de la nueva PAC que entró en vigor en 2023. Su objetivo, según el Ministerio de Agricultura, es "incentivar y remunerar las prácticas agrícolas y ganaderas beneficiosas para el clima y el medio ambiente", aunque los propios agricultores han denunciado en numerosas ocasiones que esas normas ecologistas "aprobadas en los despachos" acaban produciendo precisamente el efecto contrario, como una mayor probabilidad de incendios o un mayor gasto en combustible.
Además, un 25% de los agricultores y ganaderos españoles se quedaron fuera de las ayudas ecologistas de la PAC porque les resultó imposible cumplir con las exigencias medioambientales. La Comisión europea ha confirmado este extremo y ahora propone simplificar algunos de los requisitos de estas normas, al reconocer que su implementación ha sido "difícil" en determinadas circunstancias.
El documento con las reformas de la PAC se debatirá con los Estados miembros en el marco de la reunión de ministros de Agricultura del próximo lunes en Bruselas. En ese documento se enumera una serie de acciones a corto y medio plazo que pueden adoptarse para lograr la simplificación y que servirá de base para los debates y la acción conjunta con los países de la UE.
Cambios en la PAC ecológica
La Comisión ya ha reculado concediendo para 2024 una exención parcial de las normas sobre tierras en barbecho, las llamadas 'BCAM 8' y plantea ahora cambiar también la 'BCAM 1', que obliga a mantener estables las superficies de pastos permanentes en la UE desde el año de referencia 2018.
El plan es modificar estas normas antes de mediados de marzo para garantizar que se tengan en cuenta los cambios estructurales provocados por la reorientación del mercado y la reducción de la cabaña ganadera, lo que garantizará que los agricultores no se vean penalizados en su trabajo y contribuirá a reducir las cargas, ya que habrá que reconvertir menos superficies en pastos permanentes.
Por otro lado, Bruselas propone simplificar la metodología de determinados controles, con el objetivo de reducir hasta en un 50% el número de inspecciones a las explotaciones por parte de las administraciones nacionales --una medida que responde directamente a las peticiones de los Estados miembro-- además de racionalizar y clarificar la forma de evaluar la calidad del sistema de seguimiento de las superficies.
La tercera de las medidas planteadas consisten en aclarar el uso del concepto de fuerza mayor y circunstancias excepcionales, un término jurídico que permite eludir sanciones a los agricultores que no puedan cumplir todos sus requisitos de la PAC debido a acontecimientos excepcionales e imprevisibles ajenos a su control, como en casos de sequías o inundaciones graves.