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La PAC 'superecológica' expulsa a uno de cada cuatro agricultores y ganaderos de las ayudas económicas

Según los datos provisionales, un 25% de los profesionales del campo no han podido cumplir las exigencias medioambientales del Gobierno.

Según los datos provisionales, un 25% de los profesionales del campo no han podido cumplir las exigencias medioambientales del Gobierno.
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El Gobierno ha publicado los datos provisionales de los agricultores y ganaderos que han solicitado ayudas de la Política Agraria Común (PAC) durante esta campaña 2023. Una cuarta parte de los profesionales del campo que han pedido la subvención, no han podido acogerse a las ayudas extra porque no han conseguido cumplir con las exigencias medioambientales del Ejecutivo de Sánchez, los conocidos como ‘ecorregímenes’,

Los ecorregímenes son una novedad de la PAC de este año. Su objetivo, según el Ministerio de Agricultura, es "incentivar y remunerar las prácticas agrícolas y ganaderas beneficiosas para el clima y el medio ambiente", aunque los propios agricultores han denunciado en numerosas ocasiones que esas normas ecologistas "aprobadas en los despachos donde muchos no han pisado nunca el campo" acaban produciendo precisamente el efecto contrario, como una mayor probabilidad de incendios o un más gasto en combustible.

El Gobierno iba a destinar 1.100 millones de euros (el 23% del presupuesto de la PAC) a los ecorregímenes. Sin embargo, uno de cada cuatro agricultores y ganaderos se han quedado fuera de estas ayudas "verdes" que suponen prácticamente un 25% del total de la prestación que reciben de la PAC. A pesar de ello, el Ministerio de Agricultura considera que estos datos "evidencian la buena acogida de los agricultores y ganaderos a los ecorregímenes".

Por otro lado, Unión de Uniones cree que los datos de ecorregímenes pueden estar sobredimensionados en cierta medida; ya que las flexibilizaciones introducidas por la sequía y el anuncio de que no se aplicarían penalizaciones por incumplimiento pueden haber motivado que se presenten solicitudes que acaben cayéndose en los controles posteriores. "Habrá que esperar a los datos definitivos, pero en todo caso ojalá cobren las ayudas todos los profesionales que las han solicitado, porque hacen mucha falta", ha señalado la asociación.

Con respecto a las cifras totales, el Ministerio de Agricultura afirma que 622.404 agricultores y ganaderos han presentado la solicitud única de las ayudas de la PAC, unos 18.500 profesionales menos que en la campaña anterior. El total de las ayudas asciende a 4.875 millones de euros, que "las comunidades autónomas podrán abonar en forma de anticipos a partir del 16 de octubre, y que serán pagados en su totalidad a más tardar el 30 de junio de 2024".

Así funcionan los ecorregímenes

Una de las primeras paradojas de las ayudas asociadas a los ecorregímenes es que su tramitación supone un aumento de la burocracia para los profesionales del campo, además de su tramitación debe realizarse de forma electrónica, lo cual resulta inasumible para un buen número de agricultores y ganaderos que deben acabar recurriendo a un gestor pagado de su propio bolsillo.

En segundo lugar, las "normas ecológicas" exigidas a los agricultores y ganaderos "no compensan los costes de llevarlas a cabo", según denuncia la Unión de Uniones. Además, añaden, "no se ajustan a la realidad agroecológica de muchos cultivos", como recientemente denunciaron los agricultores extremeños, que tendrán que usar un millón de litros extra de herbicida para acabar con las malas hierbas porque las normas de las ‘Buenas condiciones agrarias y medioambientales de la tierra’ les impiden labrar los suelos entre la recolección de la cosecha y el 1 de septiembre.

Lo mismo sucede con el ecorrégimen denominado "cubierta inerte", que regula cómo se deben distribuir los restos de poda que deben quedar en el suelo y durante cuánto tiempo en los cultivos leñosos (olivos, viñedos, frutales, cítricos…). Esa norma tan específica sobre la superficie que deben ocupar los restos de poda, obliga a los agricultores a dar dos vueltas con el tractor en lugar de una para extender los restos tal y como quiere el Gobierno, lo que implica un mayor coste en combustible y, por supuesto, más contaminación.

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