La Comisión Europea ha presentado su evaluación intermedia sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). No se trata de un capricho burocrático, sino de un requisito de obligado cumplimiento recogido en el Reglamento de estos fondos europeos. Este análisis, basado en criterios de eficacia, eficiencia, relevancia, coherencia y valor añadido europeo, pretende ofrecer una imagen de cómo estos recursos están transformando Europa.
Sin embargo, el informe presenta una visión excesivamente optimista sobre la ejecución de los fondos del MRR y su impacto en las economías europeas, abordando desde una perspectiva global y generalista, el avance en la consecución de los hitos y objetivos de los diferentes planes de recuperación, minimizando las críticas y evitando el necesario escrutinio detallado sobre la ejecución realizada por cada país.
Aún así, las principales líneas críticas del informe encuentran en la gestión del Gobierno de Sánchez su mejor ejemplo: falta de cogobernanza, ausencia de transparencia, problemas administrativos, deficiencias en las unidades de auditoría y control, inversiones que no cumplen el principio de adicionalidad o financiación de gasto corriente. Representan, entre otras señaladas en el documento, las principales deficiencias de la ejecución española.
La línea expositiva del informe contribuye al interés de la Comisión por exhibir una buena imagen pública del programa, en detrimento del compromiso con su eficacia real; lo que revela una actitud preocupante dada la cuantía de estos fondos extraordinarios y su trascendencia para la recuperación y transformación económica de la UE. Como bien sabemos en España, no se puede sacrificar eficiencia por propaganda, porque está en juego la credibilidad de la Comisión Europea.
En el complejo escenario geopolítico actual, Europa necesita que la ejecución de los fondos europeos sea un éxito que facilite avanzar en la constitución de un instrumento estructural, similar al MRR, que sirva para desarrollar políticas europeas y potenciar la inversión, financiado con deuda mancomunada y vinculado a inversiones y reformas. Contrarrestar el impulso fiscal del I.R.A. norteamericano o el apoyo de China a sus industrias exportadoras, es un desafío que explica la orientación del documento.
El informe celebra la valoración positiva de 1.159 hitos y objetivos hasta finales de 2023, con una inyección de 225.000 millones de euros desembolsados entre prefinanciaciones y pagos semestrales. Sin embargo, pasan desapercibidas las advertencias sobre la desaceleración en el ritmo y plazos de los desembolsos experimentados en 2023, algo evidenciado en nuestro país con la solicitud fuera de plazo del cuarto desembolso, con hitos incumplidos y otros de dudosa adecuación a los objetivos comprometidos con Bruselas o las recomendaciones del Semestre Europeo, como la Ley de vivienda o la reforma de las pensiones.
Los países europeos no están cumpliendo el calendario de hitos esperado. A cierre del primer semestre de 2023, se habían cumplido 639 de los 2.205 previstos, penalizados tanto por factores externos derivados de la crisis inflacionaria, cuellos de botella en las cadenas logísticas, precios de materias primas y energía o falta de mano de obra cualificada; como por factores internos, en especial la baja capacidad administrativa.
De nuevo y sin que sirva de consuelo, este diagnóstico general encuentra en nuestro país a su alumno más retrasado. España redujo la ambición de 52 hitos con la Agenda al Plan de Recuperación en base a estos factores, sin acompañarlo de una revisión coherente de las previsiones de impacto de los fondos en nuestro país. Quizás la ministra Montero pensó que nadie revisaría los datos, pero se equivocó.
Los fondos europeos elevaron el crecimiento del PIB en 2022 un 0,4% en Europa y el 1,9% en España sobre un escenario sin el MRR. Considerando el máximo aprovechamiento y adicionalidad de las ayudas, el aumento del PIB para nuestro país en 2026 será del 3,5%.
Aunque los Comisarios se encargaron de rebajar expectativas, suponer que España está financiando las inversiones más aditivas y tractoras o ignorar que se están utilizando estos fondos para financiar gasto corriente con el MRR, cuando el gobierno reconoce 9.000 millones entre 2021-2023 en el último Plan Presupuestario enviado a las autoridades europeas, al menos, parece una frivolidad y una inconsistencia ineludible.
Los auditores externos a la Comisión señalan, como riesgos que pueden influir negativamente en la implementación de las ayudas y los créditos comunitarios, la insuficiente capacidad administrativa de los estados, procedimientos complejos en las áreas de auditoría y control y la ausencia de complementariedad con otros programas europeos o con el presupuesto ordinario de los países miembros.
Pero, si destaca un aspecto crítico en el informe, es el riesgo que suponen los problemas en las estructuras de gobernanza. En España se ha incumplido el Reglamento al no contar, en ninguna fase del Plan de Recuperación, con las Comunidades Autónomas o el sector privado. No se ha dotado a las regiones de la flexibilidad necesaria para adaptar las inversiones a sus características y aprovechar al máximo los fondos y la ministra Montero lleva sin reunir la Conferencia Sectorial que debía servir de instrumento de coordinación, desde agosto de 2021.
Por último, destaca que la advertencia realizada en el informe sobre la dificultad de acceso de las pymes a los fondos europeos, donde los problemas de comunicación y la complejidad de los trámites burocráticos están desalentando su participación. Este fenómeno se acentúa especialmente entre las empresas españolas, que se tienen que consolar con un plan E Digital.
Sin duda, este informe contribuye al relato que necesita una Comisión Europea que, estuvo a la altura diseñando un programa inédito financiado con deuda mancomunada pero que, si pretende replicar el MRR para diseñar un instrumento permanente, no puede esquivar la obligación de garantizar el buen uso de los recursos europeos, una evaluación rigurosa de la eficiencia del gasto público o exponer la máxima transparencia y rendición de cuentas.