El pasado 6 de febrero de 2024, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) emitió la decisión de un comité ad hoc encargado de juzgar la solicitud de anulación presentada por el gobierno de España en relación con la condena a favor de la corporación japonesa JGC Holdings, que denunció a nuestro país a raíz de la retirada retroactiva de las primas renovables.
La compañía nipona denunció a España ante el tribunal del Banco Mundial hace más de ocho años, el 22 de junio de 2015. Arrancó así un largo proceso que se zanjó, a priori, el 9 de noviembre de 2021, con la publicación de la pertinente sentencia. El laudo condenaba a nuestro país al pago de 23,5 millones de euros, cifra a la que hay que añadir alrededor de 5,4 millones en concepto de intereses de demora y casi 1,8 millones por la condena en costas. En suma, unos 31 millones de euros.
El laudo emitido por el tribunal del Banco Mundial concluye que las modificaciones de las primas renovables vulneraron principios fundamentales de seguridad jurídica protegidos por el Tratado de la Carta de la Energía. JGC Corporation había desarrollado dos plantas de energía fotovoltaica en Andalucía y, al sufrir los cambios retroactivos anunciados entre 2010 y 2014, procedió a denunciar a nuestro país.
Tras la publicación del laudo, España se negó a resarcir a la empresa japonesa y presentó una solicitud de anulación que ahora se viene abajo con la resolución definitiva del comité ad hoc, que certifica la plena validez de la sentencia y confirma la obligación de indemnizar a JGC Corporation según lo establecido en el laudo publicado hace algo más de dos años. La sentencia es contundente y ratifica punto por punto los fundamentos de derecho y las conclusiones del laudo original, según explican a Libre Mercado fuentes conocedoras del proceso.
El Banco Mundial ha pedido por carta al gobierno de España que cumpla con sus obligaciones y ceje en su empeño de impagar las sucesivas condenas por la retirada retroactiva de las primas renovables, pero el Ejecutivo se sigue negando a cumplir con sus compromisos internacionales.
Casi 1.800 millones
España ha sufrido un total de veintiséis condenas internacionales en relación con la retirada retroactiva de las primas renovables. En total, las indemnizaciones reconocidas a los acreedores suman alrededor de 1.500 millones de euros, cifra a la que hay que sumar más de 250 millones en concepto de sobrecostes judiciales y financieros. Por lo tanto, el coste directo de las condenas y sus gastos asociados ya ronda los 1.800 millones.
Ante los impagos reiterados de estas obligaciones, las empresas afectadas han denunciado a España ante los tribunales de distintos países, con ánimo de proceder al embargo de bienes y activos del Reino en el extranjero. De momento, ya se han autorizado distintas incautaciones de propiedades, cuentas bancarias y derechos financieros en Reino Unido, mientras que la Corte Suprema australiana ha abierto la puerta a medidas similares.
Además, está en marcha un proceso de default técnico que ya ha provocado un daño de más de 4.660 millones a través del encarecimiento de la financiación del Reino y la caída de la actividad derivada de esta circunstancia. De mantenerse esta circunstancia durante el año 2024, se estima que las pérdidas para el Tesoro y la economía pueden rebasar los 12.000 millones.
Para poner fin a esta problemática, las empresas afectadas reclaman a España que cumpla sus compromisos en materia de derecho internacional y ponga fin a la cadena de impagos que ha terminado por situar a nuestro país en una posición muy delicada, hasta el punto de que superamos a Rusia o Venezuela en el ranking que mide el número de laudos internacionales pendientes de pago.