En los últimos meses se han producido varios avances en los procedimientos de arbitraje que están dirimiendo la procedencia de los sucesivos "recortes" de las primas renovables aprobados de forma retroactiva entre los años 2010 y 2014 por parte del gobierno de España. Las modificaciones fiscales y normativas dispararon la inseguridad jurídica en el sector, golpeando a 65.000 familias de pequeños productores y a más de medio centenar de multinacionales.
Esta semana ha trascendido la decisión del tribunal del Banco Mundial de tumbar la petición de anulación que había cursado el Ejecutivo de Pedro Sánchez para tumbar la condena del caso que afecta a la empresa japonesa JGC Corporation, a la que se le reconoció en 2021 una deuda que ronda los 31 millones de euros, una vez se toman en cuenta diversos aspectos como la indemnización original, la posterior condena en costas impuesta a España y los intereses de demora asociados al retraso en el abono de la compensación estipulada.
Aunque el gobierno de Pedro Sánchez quiso anular el laudo, el comité ad hoc que se ha pronunciado al respecto ha señalado que la sentencia emitida hace algo más de dos años fue procedente y se ajustó plenamente al derecho internacional y al debido proceso que se exige en este tipo de juicios. Por lo tanto, JGC Corporation seguirá a la espera de cobrar los citados 31 millones.
Conocida es la negativa del gobierno de Sánchez a cumplir con estas obligaciones, pero esto no significa que las empresas afectadas se queden de brazos cruzados. De momento, mientras siguen litigando y cosechando nuevas victorias judiciales ante España, se han activado también distintas medidas de compensación, como el embargo de bienes y derechos financieros o la declaración de un default técnico que ya ha golpeado a la economía española por valor de 4.660 millones.
Otros acreedores japoneses
Además, JGC Corporation nos es la única firma japonesa que está defendiéndose en los tribunales internacionales. Una filial de Toyota, el grupo Eurus Energy, tiene pendiente un millonario pago de más de 106 millones que no deja de acumular intereses debido a los incumplimientos del gobierno, lo que abre la puerta a posibles embargos.
En paralelo, de momento no se conoce sentencia para los procesos iniciados por Mitsui e Itochu, pero ambas compañías, cuyas ventas anuales superan los 100.000 millones en cada caso, han seguido adelante con sus respectivas denuncias, para las que se espera una resolución a corto o medio plazo.