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¿Cuánto debe España a las empresas que han embargado el Instituto Cervantes en Londres?

La justicia británica también ha bloqueado la indemnización del Prestige, valorada en 1.000 millones.

La justicia británica también ha bloqueado la indemnización del Prestige, valorada en 1.000 millones.
Teresa Ribera, en la picota por los impagos a las renovables. | Europa Press

Bajo presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, el gobierno de España aprobó una serie de incentivos con los que pretendía impulsar la energía renovable. Las primas surtieron efecto y captaron más de 60.000 millones de euros de inversión extranjera. Sin embargo, entre 2010 y 2014, la crisis de deuda que enfrentó nuestro país motivó diversos cambios regulatorios y fiscales que dejaron sin efecto el esquema de ayudas.

Esta decisión motivó decenas de litigios que están siendo dirimidos en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Esta institución pertenece al Banco Mundial y canaliza alrededor del 70% de los arbitrajes internacionales. En el caso que nos ocupa, es importante recordar que España es un país firmante del Tratado de la Carta de la Energía, de modo que las disputas en esta materia se elevan al CIADI.

Desde que se retiraron los incentivos, las empresas e inversores afectados han presentado un total de 52 querellas. De los 33 que ya han sido resueltos, solo 6 se han saldado en contra de los denunciantes. Además, puesto que los fundamentos de derecho son muy similares, se espera que el saldo final de todos los arbitrajes arroje un 90% de victorias para las compañías que han llevado a nuestro país ante el CIADI.

Puesto que el gobierno de Pedro Sánchez se ha negado a responder ante estas obligaciones, las empresas e inversores afectados han empezado a mover ficha, invocando la confiscación de activos del Reino de España como medida de protección. De momento, el proceso de rastreo de activos ha resultado en el embargo de cuatro bienes: (1) la indemnización de 1.000 millones de euros por la catástrofe del barco Prestige, (2) la sede del Instituto Cervantes en Londres, (3) una cuenta bancaria de dicha entidad y (4) una oficina de promoción exterior de Cataluña radicada también en pleno corazón de la capital inglesa.

¿A cuánto puede llegar la factura final? La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha considerado esta cuestión en su último informe de presupuestos y ha elevado la cifra a 1.175 millones de euros. El fragmento del documento que aborda lo cuestión reza lo siguiente:

"Existen otros riesgos fiscales sin origen macroeconómico, principalmente relacionados con la ejecución de sentencias (…). Sigue abierto el litigio de las energías renovables. En este sentido, aunque el gobierno considera improbable tener que indemnizar a las empresas demandantes, el importe de los laudos desfavorables asciende a 1.175 millones, por lo que es un riesgo que sigue vivo y que puede afectar a las cuentas de los próximos ejercicios".

La propia AIREF reconoce que el gobierno de Sánchez confía en su capacidad de vulnerar la obligación de responder ante las empresas e inversores afectados. No obstante, los embargos de activos que se han conocido en los últimos meses ponen de manifiesto que las compañías denunciantes pueden obtener esos 1.175 millones por la vía de incautar activos de España en el extranjero, en vez de recibiendo un pago ordinario, como sería normal.

Sin embargo, las estimaciones de la AIREF se pueden quedar cortas, puesto que hay 19 laudos pendientes de resolución y, en caso de que el CIADI siga aplicando el criterio observado en los 33 laudos que ya se han resuelto, cabe esperar que el monto final se eleve de 1.175 a 2.000 millones. De ensancharse la lista de obligaciones, también podrían ir a más los embargos, en caso de que el gobierno insista en vulnerar los derechos de los denunciantes.

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