El Gobierno de Sánchez ya ha mostrado su oposición a la OPA que el grupo húngaro Magyar Vagon formalizó este jueves por la tarde sobre la española Talgo. Actualmente, Talgo es propiedad del fondo de inversión Trilantic, quien estableció una división europea para sus inversiones en el viejo continente. Trilantic también es propietario, por ejemplo, de la discoteca Pachá en Ibiza.
Trilantic ostenta el 40% de las acciones de Talgo a través de la sociedad con sede en Luxemburgo Pegaso Transportation Internacional SCA. Una sociedad que desde hace algunas fechas lleva deslizando en le mercado su intención de desinvertir en Talgo.
Así, el mercado ya esperaba que apareciera alguna gran operación alrededor de Talgo. Por fin ha llegado. Lo que no gusta al Gobierno es precisamente el origen de la oferta: Magyar Vago, una empresa húngara que, dicen los mentideros del lugar, es propiedad de íntimos amigos de Víktor Orbán. Otras fuentes del mercado, apuntan a que incluso contaría con dinero del propio estado húngaro para hacer efectiva la operación.
El ministro de transportes, Óscar Puente ha asegurado que "el Gobierno hará todo lo posible" para que descarrile la OPA del consorcio húngaro sobre la empresa de trenes española. Así se pronunció este jueves durante un foro de movilidad organizado por el grupo Prensa Ibérica.
La el sudoku del Gobierno en la OPA de Talgo
El Ejecutivo tendría dos opciones para oponerse a esa OPA. La primera, considerar a Talgo (empresa que capitaliza… ) una compañía estratégica para España y ejercer la famosa acción de oro para impedir que caiga en manos del capital húngaro. Sin embargo, de facto estaría interviniendo en una operación que nace de una empresa de un país de la Unión Europea, y por el tamaño de Talgo, tendría igualmente difícil señalar a la compañía de trenes como estratégica.
Además, la señal de arbitrariedad que ofrece mercado es total después de no sólo no haberse opuesto a la entrada de un fondo soberano saudí en una empresa española, esta vez sí, estratégica, como es Telefónica, sino decidir comprar entrar en el capital nacionalizando en parte a esta compañía.
Es decir, que la señal al mercado es que da su visto bueno a que un fondo soberano Saudí entre en la compañía responsable de las comunicaciones de nuestra Defensa (entre otras cosas), sin embargo, es estratégica una compañía de trenes en manos de fondos de inversión y que capitaliza menos de 600 millones en bolsa.
Así las cosas, por un lado, el Gobierno no quiere dejar Talgo en manos de los amibos de Viktor Orban, y por otro, si interviene, da una señal muy negativa al mercado sobre la arbitrariedad del Gobierno en las decisiones soberanas de las empresas que operan bajo el amparo de la Unión Europea. Una operación en la que, para colmo, parecen estar de acuerdo tanto la compañía que recibe la OPA como quien la lanza.
¿Sin competencia?
Otras fuentes del mercado consultadas por Libre Mercado, muestran su preocupación por la situación: "Desde el punto de vista de mercado, la operación no debería frenarse, pero llama la atención que en España no haya ninguna gran empresa que quiera contraofertar y mantener la bandera española en Talgo, una compañía que vale en bolsa menos de 600 millones de euros".
Renfe reclama 166 millones a Talgo
Mientras pasan las horas a la espera de que salga una contraoferta, se termine aceptando la OPA, o el Gobierno decida ejercer su acción de oro, Renfe ha elevado su reclamación a Talgo por el retraso en la entrega de 15 trenes Avril hasta
166,6 millones, porque cifra en 50 millones el lucro cesante derivado de esas demoras, un día después de la opa lanzada por Magyar Vagon sobre la española.
En una carta al consejero delegado de Talgo, Gonzalo Urquijo, firmada por el director general de Operaciones de Negocios y Operaciones de Renfe, Óscar Gómez Barbero, la operadora añade que en caso de que no puedan entrar en servicio antes del 1 de abril (deberían haberlo hecho en verano der 2021), sumará 80.000 euros diarios por daños y perjuicios.
Señala en la carta que la documentación aportada hasta ahora por Talgo "no justifica" que los retrasos en la entrega de los trenes S106 no sean imputables al constructor.