El Índice de Precios de Referencia del alquiler del Gobierno ya está en el BOE. A través de esta herramienta el Gobierno de Pedro Sánchez pretende expropiar el derecho de los dueños de los pisos a decidir libremente a qué precio los alquilan.
El Índice de Precios ya estaba dentro de la Ley de Vivienda aprobada por PSOE y Podemos en la pasada legislatura y ahora el Ejecutivo lo ha desarrollado y lo ha puesto en marcha.
Este fijador de precios estatal para las "zonas tensionadas" pretende obligar a los propietarios a rebajar las rentas de las viviendas cuando se trate de nuevos contratos (los actuales seguirán vigentes hasta su caducidad). En el caso de que se trate de un "gran tenedor" (entre 5 o 10 viviendas) que firme un contrato nuevo o de un particular que no haya tenido la vivienda alquilada en los últimos 5 años y la quiera sacar al mercado, también se activaría ya el control estatal.
El 85% de los alquileres tendría que bajar
El sistema de precios se actualizará anualmente y ya puede consultarse vía online. Con solo meter una dirección y algunas pequeñas características de la vivienda que se pretende arrendar, se obtiene como resultado una horquilla de precios calculada por el Gobierno para esa casa en concreto.
Tras analizar el índice, compañías especializadas en el arrendamiento de viviendas como Alquiler Seguro han concluido que, de extenderse por toda España, en el 85% de las viviendas analizadas, sus propietarios deberían bajar de media, al menos, un 18%. Esto supondría una rebaja de 167 euros atendiendo al rango superior del índice.
Así, por provincias, las bajadas de precio forzosas más elevadas serían: Madrid, con máximos que van hasta los 758€, los 469€ en Barcelona, los 406€ en Valencia, los 230€ en Alicante, los 187€ en Sevilla, los 140€ en Málaga, los 106€ en Murcia, los 225€ en Las Palmas, los 167€ en Coruña, los 130€ en Zaragoza, los 242€ en Toledo o los 228€ en Guadalajara.
Eso sí, atendiendo al funcionamiento que ha establecido el Gobierno, en un 15% de las viviendas analizadas, los propietarios podrían subir su renta de alquiler hasta 85 euros de media y en los mismos territorios porque sus precios serían más bajos que los que marca el Estado, con ejemplos que van hasta los 610€ en Madrid, los 272€ en Barcelona, los 555€ en Valencia, los 43€ en Alicante, los 135€ en Sevilla, los 441€ en Málaga, los 106€ en Murcia, los 19€ en Coruña, los 127€ en Zaragoza, los 15€ en Toledo o los 198€ en Guadalajara. En suma, el precio de las viviendas en España podría subir un 10% de media. Sea como fuere, esta compañía considera a la herramienta del Gobierno como "un índice impreciso y arbitrario".
Esta no es la única intervención en los precios de los alquileres que ha llevado a cabo el Ejecutivo desde su llegada a Moncloa. Ya en el año 2018, el Gobierno impuso que los precios de los alquileres no se pudieran actualizar nada más que con la inflación (en lugar de seguir permitiendo que propietarios e inquilinos pactaran libremente las subidas o con otros índices), lo que supuso atrapar a todos los inquilinos de España al IPC. Sin embargo, con la escalada de la inflación decidió justo lo contrario: fulminó el IPC como índice de referencia y fijó topes para actualizar las rentas (el 2%. el 3%...)
Será un fiasco porque depende de las CCAA
Sin embargo, aunque esta herramienta pueda parecer uno de los mayores golpes al mercado del alquiler de la historia de nuestro país, tiene una parte que la hace extremadamente débil. Y es que, la vivienda es un área de competencia autonómica, por lo que deben ser las CCAA las que declaren parte de sus territorios como "zonas tensionadas" para aplicar este índice.
En España, la mayoría de las CCAA están gobernadas por el PP y los barones populares ya han anunciado que no piensan implantar la idea del Gobierno en su territorio, por lo que, tal y como publicamos en Libre Mercado, en estas regiones quedará en nada.
Fuentes del Ministerio de Vivienda consultadas por Libre Mercado aseguraron hace unas semanas que"Cataluña, Asturias y Navarra van a aplicar el índice. En País Vasco, habrá que esperar a después de las elecciones". El resto de regiones que ignoren la intervención de precios "tendrán que explicarle a sus ciudadanos porqué no pagan 1.000 euros menos de alquiler", lamentaron en el departamento de Rodríguez.
Sin embargo, de momento, solo afectará a Cataluña, que es la única comunidad autónoma que ha declarado zonas residenciales tensionadas en decenas de sus municipios y, por lo tanto, la que lo podrá aplicar ya esta semana.