La inflación se ha desbocado en febrero. El indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC) se ha disparado hasta el 7,4% en el segundo mes del año, lo que ha batido su tasa más alta en 33 años.
Además, la prueba más fidedigna de que la subida de precios está siendo generalizada en todas las ramas de la economía la encontramos en la inflación subyacente, que se ha disparado hasta el 3%, como ha revelado el INE hace unos días.
Este indicador no tiene en cuenta la parte más volátil de IPC, porque excluye los precios de la energía y los alimentos no elaborados, lo que corrobora un mes más, que las presiones inflacionistas están muy lejos de ser transitorias como ha venido defendiendo el Gobierno de Sánchez. Y en plena invasión de Ucrania, nada augura que los precios vayan a cambiar de rumbo.
El IPC pone en jaque a los inquilinos
Que la inflación perjudica sobremanera a todos ciudadanos es evidente, aunque hay algunos colectivos que se ven afectados exactamente al mismo nivel que cierra el IPC mes a mes: es el caso de los inquilinos.
Y es que, con la inflación por las nubes, la habitual actualización de la renta que todos los años llevan a cabo buena parte de los propietarios de vivienda (algunos deciden no subir nada) está atemorizando a sus alquilados. Tanto es así, que los inquilinos a los que les toque la revisión anual de su contrato este mes van a ver aumentar su alquiler mensual la friolera de 51 euros de media, tal y como ha advertido Idealista.
Pero lo paradójico de este encarecimiento récord en la revisión de los alquileres es que podría haberse evitado si no fuera por una medida que estableció el Gobierno en el año 2019.
La medida de Sánchez encarece los precios
Bajo la manida excusa de "proteger a los inquilinos" de los demonizados propietarios, el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió intervenir el mercado del alquiler para imponer que los arrendamientos solo pudieran subir respecto al IPC.
Esto significó un antes y un después entre las negociaciones de caseros e inquilinos, ya que los dueños de los pisos no podrían establecer por contrato ninguna subida adicional que no fuera la de la inflación, ni ligar el precio de los alquileres a ningún otro índice de referencia.
Expertos de todas las áreas del sector inmobiliario criticaron de forma unánime esta medida porque suponía una importante traba a la libertad de mercado y por perjudicar directamente al propietario, que no podría actualizar sus rentas como considerara oportuno. Pero lo último que podían imaginarse era que serían los inquilinos los que acabarían atrapados en esta imposición gubernamental...
"Esto es lo que genera el populismo. Cuando quiere proteger en exceso a una de las partes, las perjudica", señala el CEO de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, a Libre Mercado. Tan desvinculado está el IPC del alquiler a juicio de esta compañía, que, en 2015, crearon el índice Arca (Actualizador de Rentas de Contratos de Alquiler), que "ofrece una medida real de la variación de las rentas en el mercado del alquiler, eliminando así negociaciones infructuosas entre propietarios e inquilinos y desvinculando el alquiler del IPC".
En febrero de 2022, el índice ARCA está en el 2,73%, muy lejos del 7,4% que marca la inflación, pero el Gobierno les impide usarlo para actualizar las rentas, lo que perjudica directamente al inquilino, pero también, en cierta manera, al propietario. "Se están rompiendo muchos contratos porque los inquilinos se niegan a asumir subidas del alquiler de 80 euros al mes, porque los alquileres en el mercado no han subido eso, y se van a buscar un piso más barato" explica Carroza.
El efecto es irónico. Por ejemplo, desde 2019, el Gobierno no permite al dueño de un piso establecer subidas de rentas de 10 euros al mes cada año. Sin embargo, como las actualizaciones deben ligarse a la inflación, la subidas de precios son 5 veces más altas que esos 10 euros escogidos al azar.