El Gobierno ya tiene listo su Índice de Precios de Referencia del alquiler con el que pretende expropiar el derecho de los propietarios a decidir libremente a qué precio alquilan sus casas.
Esta semana, el Ministerio de Vivienda se ha encargado de presentar la polémica herramienta que operará "en el conjunto del país como un instrumento más para controlar el incremento de los precios del alquiler" asegura el departamento que dirige Isabel Rodríguez.
El Índice de Precios ya estaba dentro de la Ley de Vivienda aprobada por PSOE y Podemos en la pasada legislatura, pero lo que ahora ha hecho el Ejecutivo es desarrollarlo y poner en marcha su funcionamiento.
Los detalles del índice
Este fijador de precios para las "zonas tensionadas" pretende obligar a los dueños de los pisos a rebajar las rentas de sus viviendas en los nuevos contratos (los actuales seguirán vigentes hasta su caducidad). En el caso de que se trate de un "gran tenedor" (entre 5 o 10 viviendas) que firme un contrato nuevo o de un particular que no haya tenido la vivienda alquilada en los últimos 5 años y la quiera alquilar de nuevo, se activaría ya el control estatal.
La excepción está cuando un inquilino alquila una vivienda que ya ha sido alquilada en los últimos 5 años por un pequeño propietario y ese alquiler está por encima del Índice de Referencia de precios. Entonces, se podrá mantener el precio anterior, pero no subirlo, lo que supone igualmente un secuestro a su derecho de los ciudadanos a cobrar lo que consideren oportuno por su propiedad.
El sistema de precios se actualizará anualmente y ya puede consultarse vía online. Con solo meter una dirección y algunas pequeñas características de la vivienda que se pretende arrendar, se obtiene como resultado un rango de precios calculado por el Gobierno para esa casa en concreto. Ese precio limitado está "muy por debajo de las ofertas de alquiler que se pueden observar actualmente en los portales" ha presumido el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas. Es decir, esta "muy por debajo" del mercado.
Por qué será un fiasco
Sin embargo, aunque esta herramienta pueda parecer uno de los mayores golpes al mercado del alquiler de la historia de nuestro país, tiene una parte que la hace extremadamente débil. Y es que, la vivienda es un área de competencia autonómica, por lo que deben ser las CCAA las que declaren parte de sus territorios como "zonas tensionadas" para aplicar este índice.
En España, la mayoría de las CCAA están gobernadas por el PP y los barones populares ya han anunciado que no piensan implantar la idea del Gobierno en su territorio, por lo que, en estas regiones quedará en nada.
Fuentes del Ministerio de Vivienda consultadas por Libre Mercado aseguran que "Cataluña, Asturias y Navarra van a aplicar el índice. En País Vasco, habrá que esperar a después de las elecciones". El resto de regiones que ignoren la intervención de precios "tendrán que explicarle a sus ciudadanos porqué no pagan 1.000 euros menos de alquiler", lamentan en el departamento de Rodríguez.
Por tanto, el efecto de esta medida de la que tanto ha sacado pecho el Gobierno parece que va a ser irrelevante en España, ya que, de las que pretenden aplicarla, sólo en Cataluña hay un problema real de precios. Y es precisamente, Cataluña la primera región en poner en marcha una medida similar mucho antes del Gobierno con un desastroso resultado: los precios de los alquileres en esa región siguen disparados.