El Gobierno pactó la semana pasada con ERC y Bildu una nueva Ley de Vivienda todavía más radical que la anterior. El acuerdo implica seguir expropiando el derecho de los propietarios a cobrar por sus pisos lo que consideren oportuno a través de una salvaje (y un tanto ambigua) intervención de precios dirigida tanto a los "grandes tenedores" como a los "pequeños propietarios".
El texto también rebaja la definición de "gran tenedor" de 10 a 5 viviendas, pone más trabas a los desahucios e impide que las inmobiliarias carguen a los inquilinos con algún tipo de honorario o gasto. La oposición de las patronales de propietarios y portales inmobiliarios ha sido unánime. Como era de esperar, el acuerdo no contempla una sola medida de protección para los dueños de los pisos. La mejor parte es que buena parte de su aplicación dependerá de las CCAA.
Fulminan al IPC como referencia
Además el acuerdo elimina definitivamente el IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos en todo el territorio español. Para ello, el Gobierno encargará al Instituto Nacional de Estadística (INE) la elaboración de otro índice que será aplicable también en aquellos contratos firmados con anterioridad a la ley que estuvieran sujetos al IPC.
En el documento aseguran que para evitar los "aumentos descontrolados" de las rentas, durante 2023 se seguirá aplicando el límite del 2% en las actualizaciones que actualmente está en vigor y que las CCAA aquí sí han tenido que acatar. Fue en marzo de 2022, el Gobierno estableció que las revisiones de precios de los alquileres, que suelen hacer cada año los dueños de los pisos, no podrán ser superiores al 2% a pesar de que la inflación rozaba ese mismo mes el 9,8%, casi 5 veces más.
Esta medida, además de contribuir a empobrecer a los propietarios de los inmuebles en beneficio de los inquilinos, golpeó directamente el derecho a la propiedad privada ya que supuso, de facto, una intervención en los precios. Así, mientras Hacienda se ha venido embolsando desde entonces pingües beneficios recaudatorios con la subida de precios, no ha dudado en impedir que los propietarios lo hagan.
Los caseros se empobrecen
El ejemplo de la erosión de poder adquisitivo que han sufrido los caseros se hace evidente con este simple ejemplo. A un inquilino que pagara de alquiler 800 euros, y tuviera que haber actualizado en abril de 2022 el contrato que había firmado con el dueño del piso al IPC, le correspondería pagar 866,4 euros, es decir, un 8,3% más. Así, hasta abril de 2023, el dueño del piso habría recibido 66,4 euros más todos los meses que en un año sumarían 796,8 euros con los que podría hacer frente a la inflación y a los gastos propios del piso (reparaciones, comunidad, impuestos...).
Sin embargo, con el límite al 2%, ese mismo alquiler sólo podría haber subido 16 euros al mes, lo que implicaría apenas una actualización de 192 euros por año. Por tanto, la norma del Gobierno le habría hecho perder al dueño del piso 604,8 euros al año.
Y llegados a este mes de abril, el mismo casero del ejemplo volvería a sufrir los estragos de la normativa gubernamental. La renta de 866,4 euros tendría que volver a actualizarse en abril de 2023 y aunque los datos del IPC de este mes todavía no están publicados, si hacemos el mismo simulacro con el IPC de marzo (3,3%), el resultado sería una subida de 28,59 euros al mes hasta los 894,99 euros, lo que supone 343,08 euros más al año. De nuevo, el límite del 2% de Sánchez limitaría esa actualización a 207,9 euros al año (17,32 euros al mes), por lo que el propietario perdería otros 135 euros al año.
Cabe recordar que fue, precisamente, el Gobierno de Sánchez el que impuso en 2018 que los precios de los alquileres no se pudieran actualizar nada más que con la inflación (en lugar de seguir permitiendo que propietarios e inquilinos pactaran libremente las subidas o con otros índices), lo que supuso atrapar a todos los inquilinos de España al IPC. Esto es una evidencia de los tumbos que ha dado el Ejecutivo en materia de vivienda.
Más control de precios
Respecto a las limitaciones de precios, el nuevo documento amplía la definición de "zona tensionada", que se establecerá en estas dos circunstancias:
- Cuando "la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares" de esa zona.
- Cuando "el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores".
Si se sucede alguno de estos casos, "los alquileres en áreas de mercado tensionado serán topados" para todos los propietarios "mediante la indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios" y con la "aplicación del índice de contención de precios para grandes tenedores". Como ya ha publicado Domingo Soriano en Libre Mercado, las dudas sobre cómo el Ejecutivo va a llevar a cabo esa "indexación" son muchas.