"Prudencia". Esa es la palabra con la que el último informe sobre Perspectivas España (elaborado por KPMG en colaboración con la CEOE) describe las perspectivas empresariales sobre la situación económica española, que estará sujeta a la ralentización del crecimiento económico, la evolución de la inflación y la inestabilidad política (tanto a nivel nacional como internacional). De hecho, el propio informe apunta a que el 54% de los encuestados –de un total de 1.367 empresarios y directivos de diferentes sectores– considera que la situación actual de la economía es regular, mientras que, por su parte, un 45% cree a que empeorará en los próximos 12 meses.
En este sentido, la consultora señala que, dentro de un contexto en el que la economía a nivel global crecerá a menos ritmo que el año pasado, siendo Europa además la región donde se apreciará más notablemente este enfriamiento de la economía, "el desempeño de la economía española será mejor que el de los países de su entorno". Y es que, como podemos comprobar, diferentes estimaciones sitúan el crecimiento de la economía española para el año 2024 entre el 1,5% y el 1,9%.
Sin embargo, el estudio señala también que, a pesar de lo anterior, nuestra economía aún ha de enfrentar dos problemas importantes: la baja productividad y los altos niveles de deuda de la Administración Pública española.
Baja productividad
Así, la economía española todavía tiene dos grandes problemas que lastran su crecimiento y estabilidad. Por un lado, debemos tener en cuenta la baja productividad de nuestra economía. Así lo apunta el informe elaborado por KPMG. Y es que, el nuestro fue el país de la OCDE que sufrió una mayor caída de su productividad entre los años 2018 y 2023. En concreto, en este período cayó un 3,8%, frente al aumento del 4,6% de la productividad del conjunto de la OCDE.
Pero, además de lo anterior, debemos tener en cuenta también que el Gobierno está imponiendo cada vez mayores costes sobre los empresarios y trabajadores. Al respecto, del lado de los empresarios podemos comprobar cómo, de acuerdo con los datos más recientes proporcionados por el INE, en el cuarto trimestre del año 2023, los costes labores volvieron a aumentar un 5% respecto del mismo periodo del año anterior (alcanzando los 3.145,99 euros por trabajador y mes). De hecho, al respecto no podemos ignorar que el coste por hora efectiva en realidad ascendió al 6,1%.
En este sentido, cabe destacar también que dentro de este nuevo aumento de los costes laborales, el componente que más los impulsó fueron, precisamente, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Sociedad.
Así, mientras que el aumento del coste salarios fue del 4% (hasta los 2.359,38 euros), los otros costes se incrementaron un 8%, y, entre éstos últimos, las cotizaciones fueron el "principal componente" con un aumento del 7%.
Así las cosas, no es de extrañar que el tejido productivo de nuestro país esté caracterizado, además de por su baja productividad, por el reducido tamaño de las empresas que lo componen.
Atendiendo a los datos proporcionado por Ministerio de Industria y Turismo sobre el tamaño de las empresas españolas, vemos que en el mes de febrero de 2024, de un total de 2.926.961 empresas que había en España, tan sólo 5.684 (es decir, el 0,19%) eran grandes empresas (plantilla de 250 empleados o más). Pero, si analizamos estas cifras más en detalle, comprobamos también que sólo 32.735 empresas (el 1,12% del total) tenían en plantilla más de 50 trabajadores. Esto significa que el 98,88% de las empresas españolas tienen menos de 50 empleados contratados.
Deuda pública
Por otro lado, la consultora apunta a la deuda pública como el segundo de los grandes retos que debe hacer frente la economía española. De acuerdo con el Banco de España, en el mes de enero la deuda del conjunto de administraciones del Estado español ascendía a 1.583 billones de euros (un 6,2% más que el año anterior), lo cual implica que, tomando el PIB nominal español en 2023, que de acuerdo con el INE ascendió a 1.462.070 millones de euros, la deuda pública se situaría en torno al 108%.
En este sentido, debemos tener en cuenta también que uno de los grandes retos para la Administración española será el ajuste fiscal que deberá llevar a cabo para cumplir con la reforma de las normas fiscales aprobada el pasado mes de diciembre por el Consejo de la Unión con el objetivo de "garantizar unas finanzas públicas saneadas y sostenibles, promoviendo al mismo tiempo un crecimiento sostenible e integrador y la creación de empleo en todos los Estados miembros a través de reformas e inversiones". Así, el Observatorio de Deuda de la AIReF ya advirtió de que este ajuste fiscal será de 2,56 puntos del PIB entre 2025 y 2028 (lo que implica un ajuste de unos 37.000 millones de euros).
De hecho, acerca de el supuesto éxito del Gobierno que tanto celebró el propio Pedro Sánchez respecto de la reducción de la deuda pública, en este mismo informe la AIReF apuntaba a que si ésta se había reducido a finales de 2023 hasta el 107,7% del PIB no fue gracias a la política económica del Gobierno, sino "a una contribución elevada del deflactor del PIB". Es decir, que la ratio de deuda pública sobre PIB se redujo, fundamentalmente, como consecuencia de la evolución de la inflación, a lo que cabe sumar que, como señaló también la AIReF, en todo caso esta ratio "sigue 9,5 puntos por encima del nivel previo a la pandemia".