Yolanda Díaz confirma que ha activado un registro "voluntario" y "confidencial" con la orientación sexual de los parados para dar "prioridad" a la comunidad "LGTBI" a la hora de buscar empleo.
La idea de que los servicios públicos de empleo fueran a atender antes a personas que se declaren gais o lesbianas que a heterosexuales no es nueva. La ministra de Trabajo la incluyó en la Ley de Empleo de 2022, que recogía lo siguiente:
La atención a 1.600.000 de trabajadores con discapacidad será prioritaria, así como a otros colectivos con dificultades de inserción, permanencia y consolidación en el mercado de trabajo, como las personas LGTBI, los mayores de 45 años, las personas gitanas o de otra minoría étnica y las mujeres víctimas de violencia de género.
Críticas de los funcionarios
Sin embargo, hasta ahora, parecía que el privilegio que Yolanda Díaz quería otorgar a las personas LGTBI se había quedado sólo sobre el papel. Y es que, las críticas de los funcionarios encargados de facilitar la búsqueda de empleo a los candidatos no se hicieron esperar desde que se conocieron sus intenciones. "El acceso al empleo tiene que ser universal y nosotros buscamos a los candidatos idóneos según sus capacidades, estudios, experiencia... y así debe ser" explicaban en 2022 los representantes de los funcionarios a Libre Mercado.
"Hay criterios que aparecen en el DNI (como la edad) o en las tarjeras sanitarias (como la discapacidad) que nosotros podemos usar para dar prioridad laboral. Pero la orientación sexual no está en el DNI, ¿cómo vamos a saber si es fiable lo que nos diga un candidato? Es absurdo" se preguntaban. Además, consideraban que "un candidato con 35 años homosexual con la misma formación que un heterosexual no tendría que tener ningún tipo de ventaja sobre el otro a la hora de encontrar empleo. Y si la tiene, se estaría discriminando al heterosexual".
Sin embargo, ayer martes, una noticia de Invertia volvía a avivar la polémica: "Trabajo registrará de forma confidencial a quienes se declaren LGTBI para priorizar su búsqueda de empleo" rezaba el titular. Uno de los detalles de la larga lista de incógnitas que surgían a raíz de la ocurrencia de Díaz era cómo iban a corroborar los servicios públicos de empleo la orientación sexual de demandante. Pues únicamente con su palabra. Por tanto, cualquiera podrá declararse gay sin serlo para adelantar así puestos en la atención que prestan los servicios públicos de empleo.
La explicación de Yolanda Díaz
Horas después, Yolanda Díaz confirmaba la mayor. "Seguimos ganando derechos para quienes más lo necesitan. La nueva Ley de Empleo da prioridad de atención de los servicios públicos de empleo a colectivos que tradicionalmente han sufrido más desigualdad a la hora de encontrar trabajo" celebraba en su cuenta de Twitter.
"Es por esto que, con la voluntad de protección y de blindar derechos, el colectivo LGTBI tendrá una atención prioritaria junto a las personas jóvenes con baja cualificación, desempleo de larga duración, mayores de 45 años o personas con discapacidad. Es una garantía de apoyo" añadía.
Seguimos ganando derechos para quienes más lo necesitan.
La nueva Ley de Empleo da prioridad de atención de los servicios públicos de empleo a colectivos que tradicionalmente han sufrido más desigualdad a la hora de encontrar trabajo.
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— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) March 19, 2024
Díaz explicaba que "las personas LGTBI, en particular trans, pueden tener reconocido este derecho siempre que se solicite de manera voluntaria y, evidentemente, confidencial. No se trata de ganar derechos para unos, sino para todos y todas. Eliminar barreras de entrada nos hace un país mejor". De esta explicación se entiende que será el parado en cuestión el que informe al funcionario de turno de su orientación sexual para que este le apunte en el registro y le dé prioridad.
Los servicios de empleo no colocan ni al 2%
Teniendo en cuenta que, hasta ahora, la intermediación laboral pública ha cosechado unos resultados nefastos, las dudas sobre la efectividad de la nueva idea de Yolanda Díaz son lógicas. El mejor ejemplo del fracaso público en la búsqueda de empleo de los parados lo tenemos en la última submuestra de la Encuesta de Población Activa, que revela que solo 319.400 asalariados (el 1,9% del total) obtuvo su empleo con la intermediación de una oficina de empleo pública, frente al 2% de 2021.