La izquierda política y mediática española insiste en que el déficit presupuestario de nuestras Administraciones Públicas se debe a un problema de insuficiencia de ingresos tributarios. Sin embargo, el nuevo Índice de Competitividad Fiscal del Instituto de Estudios Económicos pone de manifiesto que el agujero de las cuentas públicas se debe al despilfarro de las Administraciones y no a la carestía de caudales tributarios.
"En 2018, los ingresos obtenidos vía impuestos alcanzaron un total de 208.685 millones de euros, de acuerdo con el Informe Anual de Recaudación de la Agencia Tributaria. En cambio, según la misma fuente, esta rúbrica había aumentado hasta los 255.463 millones de euros en 2022. La subida, de 46.778 millones, equivale a 2.225 euros de recaudación extra por cada trabajador ocupado en España. Y, pese a dicho aumento, el saldo presupuestario aumentó del 2,6% en 2018 y del 4,8% en 2022, lo que viene a confirmar que el problema de fondo es el descontrol del gasto", apunta el estudio.
El think tank asociado a la CEOE recuerda que la brecha fiscal puede "cerrarse mediante la puesta en marcha de un programa de eficiencia presupuestaria. En este sentido, el Instituto de Estudios Económicos ha estimado que los ahorros potenciales que podría arrojar un programa de eficiencia que equipare nuestras estructuras de gasto al promedio de la OCDE ayudaría a moderar los desembolsos presupuestarios en unos 60.000 millones de euros".
La contención del gasto también sería suficiente
Asimismo, el IEE pone en valor una segunda vía de trabajo, basada en reglas de gasto correctamente aplicadas: "por ejemplo, si en el año 2024 los desembolsos de las Administraciones Públicas fuesen un 2% mayores que en 2022, entonces el gasto habría crecido cerca de 13.000 millones, pero la subida en los ingresos (en ausencia de nuevas medidas recaudatorias, simplemente a través del impacto de la producción) permitiría que el déficit se redujese de un plumazo, arrojando incluso un superávit de aproximadamente 10.000 millones".
Lo vemos en la tabla siguiente, elaborada por el IEE con las previsiones de ingresos y de gastos que elabora el Fondo Monetario Internacional.
De acuerdo con las previsiones del FMI, "los caudales públicos habrán subido de 570.521 a 657.443 millones entre 2022 y 2024, pero los gastos se dispararán de 634.297 a 684.118 millones en ausencia de medidas que rectifiquen el descontrol de los dispendios públicos. En cambio, plantear que el gasto crezca "solamente" un 2% a lo largo del bienio 2023-2024 permite convertir un déficit de 63.776 millones en un escenario de superávit de 10.460 millones".
Obviamente, este análisis formulado en términos estáticos debe combinarse con un estudio más profundo que avance las dinámicas que se pueden desencadenar al poner en marcha este tipo de medidas. Sin embargo, "sería un error pensar que la contención del gasto sería contractiva, puesto que las influyentes contribuciones de la Escuela Italiana de Alberto Alesina y sus colaboradores han acreditado el impacto expansivo que tiene la puesta en práctica de políticas de austeridad pública basadas en la contención del déficit y del endeudamiento a través de la moderación del gasto".