Golpe a los pisos turísticos en la ciudad de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido suspender la dispensación de licencias para viviendas de este tipo hasta que se apruebe la Modificación del Plan General. Sin embargo, esta medida está prevista hasta el primer trimestre de 2025, por lo que cualquier nuevo propietario que desee arrendar su vivienda a turistas en la capital tendrá que esperar la friolera de más de un año para ello.
La medida aprobada por José Luis Martínez-Almeida recuerda a las llevadas a cabo por Ada Colau quien, nada más llegar a la alcaldía de Barcelona en 2015, activó moratorias turísticas y emprendió una campaña de persecución contra las viviendas de Airbnb. Medidas como esta, lejos de aumentar la oferta de vivienda en alquiler en la Ciudad Condal como prometía Colau, no han hecho más que asfixiarla. Otra de las regidoras que también la tomó con los dueños de los pisos turísticos desde el inicio de su mandato fue Manuela Carmena.
Que Colau o Carmena hayan llevado a cabo este tipo de medidas turismofóbicas no sorprende porque sus ideologías tienen un claro corte anticapitalista. Sin embargo, la inquina de Almeida (PP) contra esta modalidad de alquiler sí resulta especialmente llamativa.
Almeida ha anunciado la suspensión de viviendas turísticas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en el distrito de Moratalaz. Su decisión tiene "efectos inmediatos", por lo que empieza a surtir efecto "a partir de este momento".
Será "mientras dure el proceso de elaboración, tramitación y aprobación de la modificación de Plan General para abordar este fenómeno en la ciudad de Madrid" y que se va a llevar a cabo por el área de Urbanismo, dirigido por Borja Carabante.
El objetivo de este mazazo a los caseros de vivienda turística es "afrontar este fenómeno, que tiene múltiples perspectivas en la ciudad," pero que lo que pretende es conciliar el mejor descanso y la tranquilidad de los vecinos de la ciudad de Madrid, según Almeida, "sin ignorar obviamente" al sector turístico.
Además, Almeida ha informado de que se va a incrementar en un 15% la plantilla de inspectores que hay en el área de Urbanismo para poder "perseguir a las viviendas de uso turístico que no cumplan con los requisitos de legalidad en la ciudad".
Hace ya un mes, Almeida avisó de que iba "a endurecer considerablemente el régimen sancionador", mientras que, a finales del año, presumía de que su Consistorio había clausurado 75 pisos turísticos, impuesto más de un centenar de multas y tenía 311 expedientes abiertos.