La alemana RWE denunció a España en 2014 por la retirada de las primas renovables. Fue entonces cuando comenzó un largo periplo que abarca ya más de una década de litigios internacionales, en el marco de una macro-causa que afecta a más de medio centenar de empresas foráneas. De momento, los tribunales han reconocido una deuda de más de 1.800 millones, pero el gobierno de Pedro Sánchez se ha negado a indemnizar a los afectados y nos ha situado por delante de Venezuela y Rusia en los índices de cumplimiento de sentencias.
Este mes de abril han trascendido dos importantes novedades judiciales asociadas al caso RWE. Por un lado, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial ha denegado la petición de España de anular el laudo que imponía el pago de una indemnización de 28 millones como medida de compensación a la compañía energética. Por otro lado, la justicia alemana ha dado luz verde para que RWE reclame el cumplimiento del laudo ante la justicia estadounidense, facilitando así posibles embargos de bienes soberanos de nuestro país ubicados en suelo norteamericano y tumbando el intento del gobierno de Pedro Sánchez de impedir ese tipo de acciones.
Además de clarificar la situación legal de RWE, la sentencia emitida por la justicia alemana también pone de manifiesto un problema adicional generado por los impagos del Ejecutivo: a saber, la acumulación de intereses de demora que solamente contribuyen a engordar las obligaciones del Tesoro. En el caso de RWE, la sentencia emitida por la justicia teutona incluye una referencia explícita a esta circunstancia, indicando que los 28 millones de euros de indemnización llevan asimismo aparejado el pago de los correspondientes intereses de demora.
Para ser precisos, el laudo emitido en 2020 por el CIADI lleva aparejado un tipo de interés del 2,07% que entró en vigor a raíz de la condena y se debe aplicar desde 2014 hasta el momento del pago. Esto quiere decir que, frente a la indemnización original 28 millones, las obligaciones que hoy atesora España ascienden ya a 34,4 millones una vez se considera el efecto de los intereses de demora.
Con todo, las deudas adicionales que se están generando no terminan ahí. Así, además de la indemnización original y de la acumulación de intereses de demora, la estrategia de impagos que ha seguido la Abogacía del Estado a instancias del gobierno de Pedro Sánchez también está generando otras obligaciones adicionales. El ejemplo más claro son las condenas en costas, que en el proceso original del caso RWE ascendieron a 2,4 millones, cifra a la que habrá que sumar una cifra similar derivada del fallido intento de anulación del laudo. Hablaríamos, pues, de casi 5 millones de euros "extra".
Además de todo lo anterior, no hay que olvidar que los procedimientos desarrollados ante instancias como el CIADI pueden llevar aparejada también la obligación de costear los propios costes de los arbitrajes. En el caso que afecta a RWE, la sentencia original impuso a España el pago adicional de otros 715.000 euros por este concepto. Es de esperar que el fracasado intento de anulación se traduzca en una decisión similar, de modo que este epígrafe añadiría casi 1,5 millones de euros a la lista de deudas adicionales contraídas por el Reino de España.
Pero el escándalo tampoco termina ahí, porque no hay que olvidar que la Abogacía del Estado se ha apoyado en decenas de bufetes internacionales para canalizar todas las acciones legales dedicadas a evitar el pago de las indemnizaciones. En este sentido, la firma internacional Simmons & Simmons LLP llevó las riendas de la denuncia presentada ante la justicia alemana y, si bien aún no ha trascendido el coste de dicho trabajo de asesoría y representación, sí constan acuerdos anteriores con dicho bufete valorados en más de 1,5 millones de euros.