La decisión de Teresa Ribera y del gobierno de España de abandonar el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) tras dejar un reguero de impagos a las empresas afectadas por la retirada de las primas renovables ha generado un encendido debate en el Congreso de los Diputados, donde el representante popular Juan Diego Requena ha protagonizado una demoledora intervención sobre esta cuestión.
"Nosotros no vamos a votar a favor de la salida unilateral, porque la Unión Europea ha recomendado que tal proceso se haga de forma común y negociada", argumentó el diputado por Jaén, quien mostró su "sorpresa y rechazo ante una decisión unilateral que daña la imagen del Reino de España ante la comunidad internacional".
Ribera argumenta que el TCE condiciona la "transición ecológica", pero lo cierto es que el tratado en cuestión, suscrito por España hace treinta años, no diferencia entre un tipo u otro de energía y simplemente se centra en la cuestión de ofrecer seguridad jurídica a los inversores del sector. Además, aunque Ribera sostiene que el TCE puede blindar las inversiones en combustibles fósiles, lo cierto es que su propia Ley de Cambio Climático ya veta este tipo de extracción, generación y producción de energía.
Por este motivo, Requena argumentó que "la justificación que da el gobierno para abandonar este acuerdo internacional es falsa y, además, contraria a la seguridad jurídica. Sin embargo, más que la justificación, lo que nos preocupan son las consecuencias. Y es que, cuando un gobierno está volcado en la amnistía y la corrupción, olvida el interés general. De ahí que lleguen a presumir de no haber pagado las condenas que se han impuesto a España en los arbitrajes internacionales".
"¿Saben cuáles son las consecuencias? De momento conocemos condenas por valor de 1.200 millones, pero esa cifra solamente es el principal. Además, hay que añadirle 140 millones por intereses de demora y unos 65 millones por las condenas en costas. Por otro lado, está el coste millonario de contratar a los bufetes de abogados más caros del mundo, gastos en los que no nos sorprendería encontrar cualquier cosa…", apuntó.
Requena también advirtió en el Pleno del encarecimiento de la financiación del Tesoro derivada de la inseguridad jurídica que ha provocado esta circunstancia: "entre 2023 y 2024, las subastas de deuda pública se habrán encarecido prácticamente en 5.000 millones de euros debido a esta situación de inseguridad jurídica. Y todo por no negociar, no dialogar y no trabajar para restaurar la imagen de España".
¿Cuerpo en vez de Ribera?
El diputado del PP apuntó que Ribera "esconde la cabeza como el avestruz pero lo que debería estar haciendo es preocuparse por los próximos embargos a España, cosa que también debería ocupar a los diputados de Junts y ERC, puesto que también se han intervenido edificios y propiedades de la Generalidad en el extranjero".
De igual forma, Requena alertó de la posibilidad de un nuevo "default" técnico por esta circunstancia y recordó que, "cada día que pasa, más se encarece el coste de esta situación por la acumulación de intereses de demora. Todo esto se puede evitar, pero la ministra Ribera sigue instalada en la cerrazón, no asume el fracaso y no afronta la realidad que nos dejó el despliegue de las renovables con Zapatero".
A este respecto, el diputado popular concluyó sugiriendo que la vicepresidenta haría bien "pasándole el caso al ministro Carlos Cuerpo, porque al menos él sí es consciente de que esto tiene consecuencias generales para la economía española". En este sentido, cabe recordar que ya en 2023 se habló de cierta brecha entre los ministerios de Economía y Transición Ecológica a raíz de esta problemática.