La retirada retroactiva de las primas renovables desató más de 50 litigios internacionales. Buena parte de estos procedimientos se han resuelto de manera desfavorable para España, de modo que nuestro país acumula ya más de 25 condenas. Si tomamos en cuenta las indemnizaciones reconocidas a las empresas afectadas y consideramos también las condenas en costas y los intereses de demora, las obligaciones pendientes de pago rondan los 1.800 millones. La lista de firmas afectadas es larga y afecta a gigantes del sector de la energía como E.ON, EDF, NextEra…
Esta semana hemos conocido una nueva decisión judicial, adoptada en este caso por la justicia alemana en relación con la denuncia interpuesta por la energética RWE. Creada en 1898, se trata de una gigantesca compañía alemana con más de 125 años de historia. Su informe anual correspondiente a 2023 dibuja una plantilla de más de 20.000 trabajadores y una facturación superior a 28.000 millones de euros.
RWE desarrolló cuatro plantas hidroeléctricas y dieciséis parques eólicos en España al calor de las primas ofrecidas por el gobierno de nuestro país. La retirada retroactiva de estos incentivos hizo que la corporación teutona denunciase a España ante los tribunales internacionales, alegando que nuestro país incumplió los principios básicos de seguridad jurídica recogidos en el artículo 10 del Tratado de la Carta de la Energía, que nuestro país adoptó en 1998. RWE se apoyó en el artículo 26 de dicho acuerdo para iniciar un proceso de arbitraje internacional canalizado a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), tribunal dependiente del Banco Mundial.
El litigio arrancó en 2014 y llegó a su conclusión en diciembre de 2020, con la publicación de una condena que impuso a España el pago de una indemnización de 28 millones de euros. Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez se negó a cumplir con lo dispuesto y optó por seguir litigando, argumentando esta vez que el procedimiento había sido nulo. Esta estrategia de dilación retrasó a abril de 2024 la conclusión definitiva del proceso. Libre Mercado informó el pasado 11 de abril de esta decisión del CIADI, que confirmó nuevamente la condena a España.
Ante los impagos del gobierno, RWE no se quedó de brazos cruzados y, al igual que han hecho las demás empresas afectadas, en diciembre de 2021 inició el proceso de registro del laudo que condena a España ante la justicia de Estados Unidos. El país norteamericano también es firmante del Tratado de la Carta de la Energía y del Convenio del CIADI, de modo que sus tribunales pueden actuar ante los impagos de España y autorizar medidas excepcionales, como por ejemplo el embargo de bienes del Reino de España. Esta triangulación ayuda a salvaguardar el cumplimiento de estos acuerdos internacionales, puesto que fuerza a los países que pretenden saltarse sus obligaciones a cumplir con las disposiciones de los arbitrajes para evitar este tipo de situaciones.
El frente legal alemán
Ante esta situación, España decidió denunciar a RWE ante la justicia alemana, iniciando así un procedimiento ciertamente sorprendente. La Abogacía del Estado, que contrató al bufete Simmons & Simmons LLP para la gestión de este procedimiento, pidió a la Corte de Essen que intervenga para impedir a RWE el registro del laudo que condena a España ante la justicia de Estados Unidos.
La defensa de RWE explicó a la magistratura del país teutón que esta pretensión del gobierno español suponía interferir en su capacidad de iniciar acciones legales en otro país. La energética recordó que el proceso de llevar el laudo a suelo estadounidense está avalado por las disposiciones del Tratado de la Carta de la Energía y recalcó además que serán los tribunales de Estados Unidos los que deberán tomar en consideración su pedido.
Completada la instrucción, la Corte de Essen celebró una vista oral el pasado 26 de enero y emitió su decisión final el pasado 12 de abril. La justicia alemana tumba por completo las pretensiones de España y se niega a adoptar cualquier medida que pueda limitar la habilidad de RWE de defenderse ante los tribunales estadounidenses.
Llama la atención que España llegó a pedir la aplicación de penas de hasta dos años de prisión y multas de más de 250.000 euros para los abogados de la defensa de RWE, reclamos tremendamente desproporcionados con los que el gobierno español buscaba acorralar a los profesionales encargados de llevar los argumentos de la compañía energética a la Corte de Essen.
Con esta decisión, los magistrados alemanes despejan el camino para que la denuncia que RWE interpuso contra España siga su curso en Estados Unidos. Además, la justicia alemana ha impuesto una condena en costas a nuestro país, que deberá cubrir con los gastos de la defensa de RWE, ahondando así en un capítulo de gastos que ya suma más de 60 millones en más de 25 procedimientos.