En plena negociación de la reforma del subsidio por desempleo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, deslizó este lunes la intención del Gobierno de aprobar una nueva ayuda destinada a mujeres maltratadas. "Vamos a crear un subsidio específico para mujeres que sufren violencia machista", anunció de pasada durante una entrevista en TVE en la que, sin embargo, eludió proporcionar más datos al respecto.
Aunque oficialmente no se conoce la letra pequeña, y esta todavía tiene que ser validada por los agentes sociales, la intención del Ejecutivo pasa por conceder este subsidio a las víctimas que tengan más de 16 años, sin exigirles ninguna cotización previa. La cuantía partiría del 95% del indicador de rentas múltiples, IPREM (570 euros), durante medio año y bajaría al 90% en los siguientes seis meses y al 80% el resto del tiempo hasta completar un máximo dos años y medio.
La gran pregunta, sin embargo, es quiénes serán consideras víctimas a efectos de esta prestación, puesto que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género, no exige la existencia de una sentencia firme para que una mujer obtenga la acreditación de víctima. A pesar de que Libre Mercado se ha puesto en contacto con el Ministerio de Trabajo para tratar de aclarar este aspecto, no ha obtenido respuesta alguna: "Hasta que no se concrete el texto definitivo no podemos daros más detalles".
Según establece el artículo 23, la sentencia condenatoria es solo una posibilidad, pero también bastará con "una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género". Además, se establece que "también podrán acreditarse las situaciones de violencia de género mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida".
La reforma del subsidio de desempleo
La medida, que está a la espera de recibir el visto bueno de patronal y sindicatos, se incluye dentro de la reforma del subsidio de desempleo, que permitirá comptabilizar durante un tiempo el cobro de la prestación con un contrato a tiempo completo. De aprobarse esta modificación, se expandiría la compatibilidad que actualmente se reservaba a los contratos a tiempo parcial o autónomos, con la salvedad de los mayores de 52 años.
Por otro lado, el subsidio se amplía a los menores de 45 años sin responsabilidades familiares, a los trabajadores eventuales agrarios, empleados transfronterizos de Ceuta y Melilla, y a quienes acrediten periodos cotizados inferiores a 6 meses y carezcan de responsabilidades familiares. También se plantea extenderlo a trabajadores marroquíes con autorización de trabajo en territorio español que cumplan los requisitos, aunque ya no estén residiendo en España, y a los emigrantes retornados.
El acuerdo y la posterior aprobación de esta reforma es indispensable para el Gobierno de coalición, puesto que es uno de los hitos vinculado al cuarto desembolso de los fondos europeos (Next Generation), que asciende a más de 10.000 millones de euros. España debería haber acometido la reforma hace meses y, según la última prórroga, debería aprobarse antes del 20 de mayo. Sin embargo, el Ejecutivo no descarta la petición de un nuevo alargamiento.