Hace ahora dos semanas trascendió la decisión del Banco Mundial de confirmar la condena a España por el caso RWE. Esta decisión se enmarca dentro de los más de cincuenta litigios internacionales desatados por la retirada retroactiva de las primas renovables. Una semana después, la disputa con RWE volvió a estar de actualidad, esta vez porque la justicia alemana emitió un fallo en el que descarta una petición de la Abogacía del Estado española que pretendía impedir que RWE registre el laudo ante los tribunales estadounidenses para reclamar de esta forma el cumplimiento del arbitraje.
Pues bien, por tercera semana consecutiva, llegan novedades del caso RWE. Esta vez se trata de una decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que después de tumbar la petición de anulación formulada por España ha evaluado las costas judiciales de ambas partes y ha condenado a nuestro país a sufragar los gastos asumidos por RWE en su defensa legal.
Tras evaluar los documentos pertinentes y realizar la estimación de rigor, la condena en costas que ha impuesto el CIADI obliga a España a desembolsar 700.000 euros adicionales, que se sumarán a los 28 millones de euros de indemnización que debe nuestro país en concepto de indemnización, los 4,2 millones de intereses de demora y los 3 millones de la condena en costas del litigio original.
Más de 400 millones
RWE invirtió más de 400 millones de euros en una veintena de plantas de energía solar y eólica desplegadas por toda España al calor de los incentivos conocidos como las primas renovables. Mientras que en 2013 y 2014 las primas en vigor generaron unas ganancias de 19,4 millones para la empresa germana, la rescisión de estas primas con efecto retroactivo hizo que estos pagos pasasen a mejor vida y, de hecho, España remitió a la compañía una factura negativa que exigía un pago equivalente al 50% de las ganancias obtenidas.
Ante esta situación, RWE invocó la cláusula de arbitraje del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), alegando que se habían vulnerado los principios de seguridad jurídica recogidos en dicho acuerdo internacional, que España suscribió en los años 90. La compañía puso en marcha una denuncia que el CIADI vino tramitando desde diciembre de 2014
La sentencia original obligó a España a pagar 28 millones de euros. Después de seis años, en diciembre de 2020 se emitió el laudo, que España intentó anular con el procedimiento que decayó hace semanas y resultó en una nueva derrota de nuestro país ante los inversores afectados. Las obligaciones que ahora enfrenta nuestro país han subido en casi 8 millones por los impagos y las condenas en costas, aunque a esta cifra hay que sumarle los honorarios de abogados y consultores.