El gobierno de Pedro Sánchez se dispone a someter a arbitraje una controversia con la empresa China Meheco Co. Ltd. La predisposición del gabinete presidido por Pedro Sánchez contrasta con su decisión de proceder al impago de los más de 25 laudos que condenan a nuestro país por la retirada retroactiva de las primas renovables.
Desde el Ejecutivo de coalición conformado por PSOE y Sumar consideran que las diferencias que han surgido en torno a un contrato suscrito por el Estado con la compañía china a cambio de distintos conceptos de suministro sanitario podrá ser dirimido ante la Comisión Internacional de Arbitraje Económico y Comercial, CIETAC, un organismo con sede en China que aplica el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
Así, mientras el gobierno de Pedro Sánchez se niega a cumplir con los pagos pendientes a los inversores en renovables, la postura en relación con la compañía china es diametralmente distinta, hasta el punto de que el gobierno ha remitido la cuestión al Consejo de Estado, que se ha pronunciado a favor de dicho procedimiento arbitraje.
El caso China Meheco
El contrato con China Meheco Co. Ltd. se formaliza el 24 marzo de 2020 y contempla la adquisición de 18 millones de mascarillas quirúrgicas KN95, amén de 18 millones de mascarillas FFP2, 400.000 gafas de protección PVC y 1 millón de guantes de nitrilo. En total, los distintos contratos tuvieron un coste de 71,3 millones para las arcas públicas.
España cerró el acuerdo con China Meheco Co. Ltd. el 26 de marzo de 2020, mientras que la transferencia por parte del Banco de España se celebró en torno a la misma fecha. Las dos partes incluyeron en el acuerdo el compromiso se someter cualquier controversia a un proceso de arbitraje mediado por el CIETC según las reglas de la CCI. El contrato fue modificado en abril, con una adenda que exigía la debida calidad de los materiales, y se actualizó nuevamente a finales de mayo, con un nuevo calendario que permitía la entrega de los lotes hasta el 30 de septiembre.
Entre mayo de 2021, distintos organismos de control y verificación dependientes del Ministerio de Sanidad concluyeron que las gafas entregadas no cumplían la normativa española y reclamaron la reposición de dicho lote o el reintegro del importe abonado por dicho concepto. Ante la disconformidad expresada por la empresa china, el gobierno español puso en marcha distintas acciones que terminaron topándose con la insistencia de la empresa proveedora de llevar el asunto ante el CIETAC.
La cantidad reclamada por España ronda los 875.000 euros, a los que hay que sumar más de 460.000 euros de gastos de transporte y almacenaje y otros 10.000 euros en concepto de destrucción. El gobierno se ha mostrado abierto a que esta disputa se dirima en el CIETAC y reclamó al Consejo de Estado un estudio que ha visto la luz en abril de 2024 y que permite regular la resolución de la controversia a través del arbitraje impulsado por el citado ente.
Los laudos de las renovables
La postura del gobierno choca con la actitud que se han encontrado los empresarios e inversores afectados por la retirada retroactiva de las primas renovables. Los datos analizados por Libre Mercado certifican que existen al menos 26 laudos que condenan a nuestro país a pagar alrededor de 1.800 millones de euros en concepto de indemnizaciones, intereses de demora y condenas en costas. La Administración Sánchez se ha negado a pagar estas cantidades, situando a España como el país con mayor número de decisiones de arbitraje internacional pendientes de abono.
Datos de Naciones Unidas revelan que los arbitrajes celebrados entre gobiernos soberanos y empresas privadas ascienden a un total de 1.332 procedimientos, de los cuales 958 han llegado a su conclusión. El 37% de dichos casos se saldaron a favor de los países, mientras que el 28% concluyeron en fallos en beneficio de las empresas. En un 19% de los expedientes, las partes llegaron a un acuerdo.
Mientras Sánchez se acerca a la posibilidad de cerrar el arbitraje ante el CIETAC, su gobierno se ha dirigido por carta al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, al que ha comunicado por escrito que no pretende pagar a los afectados.
El CIADI ha canalizado 967 casos, el 72% del total observado por la ONU a nivel mundial. Se trata, por tanto, del principal tribunal de arbitraje a nivel global. Sin embargo, el gobierno español mira hacia otro lado en relación con dicha institución y sigue sin cumplir las sentencias impuestas al Reino de España en los arbitrajes.