El gobierno de las Islas Baleares que preside la popular Margarita Prohens ha aprobado el Decreto-ley de Medidas Urgentes de Simplificación y Racionalización Administrativas, un desarrollo normativo cuyo objetivo explícito no es otro que el de reducir la burocracia y agilizar los procesos administrativos. La reforma modifica total o parcialmente unas 50 leyes y decretos ley, introduciendo más de 170 cambios en su articulado.
Por ejemplo, se elimina la Comisión Balear de Medio Ambiente, trasladando la evaluación de los informes de impacto medioambiental a un departamento técnico, que asimismo tendrá encomendado el reto de acelerar los procesos y acabar con las interferencias políticas o los retrasos funcionariales que terminan convirtiendo estos trámites en un "agujero negro" que retrasa sobremanera la autorización de todo tipo de proyectos. Para facilitar esa menor carga, también se reduce el número de supuestos que requieren obligatoriamente un informe de este tipo, prescindiendo de instancias en las que tal requisito carecía de justificación.
En materia de vivienda y urbanismo, el gobierno balear confía en que el nuevo modelo regulatorio agilizará la concesión de licencias urbanísticas municipales, puesto que se va a permitir su externalización a entidades colaboradoras urbanísticas (ECU). Además, se eliminará la exigencia de la cédula de habitabilidad de primera ocupación, que quedará ligada a la obtención de la licencia municipal de primera ocupación.
En el Decreto-ley se simplifica la tramitación de proyectos de transición energética, reconociendo la utilidad pública de estos proyectos y eximiendo de autorización administrativa previa a instalaciones de placas fotovoltaicas de hasta 500kW. Asimismo, se facilita la regularización extraordinaria de construcciones fuera de ordenación, con ciertas restricciones y exigencias medioambientales.
Además, se permitirá a los ayuntamientos ubicar aparcamientos temporales en suelo rústico para mejorar la movilidad en épocas de alta afluencia turística que requieren este tipo de soluciones y se externalizará el proceso de inspecciones técnicas de vehículos para reducir listas de espera que hoy presentan las islas en dicho campo.
Soluciones contra la hiperregulación
El decreto del gobierno balear también prevé la aprobación de una guía de simplificación administrativa y un plan de digitalización a corto, medio y largo plazo para automatizar la gestión y tramitación de adjudicaciones o prestaciones, con el objetivo de reducir los tiempos de espera de la Administración del archipiélago, que pretende avanzar también en materia de digitalización.
Las comunidades autónomas aprobaron 291 nuevas normas en 2023. Baleares sacó adelante un total de 22, lo que supone el sexto dato más elevado del mapa regional. En total, el acervo regulatorio desarrollado en el plano subnacional supone más de un millón de nuevos folios por ejercicio.
El think tank Foro Regulación Inteligente es una de las entidades que ha promovido con éxito este tipo de reformas contra la hiperregulación. El PP de Baleares pretende seguir de esta forma el ejemplo de la Comunidad de Madrid, donde el gobierno de Isabel Díaz Ayuso modificó la Ley del Suelo, aprobó la Ley Ómnibus, implementó la Ley de Mercado Abierto y puso en marcha la Línea Abierta contra la Hiperregulación, medidas que han demostrado ser eficaces para atraer inversiones y mejorar la eficiencia administrativa.