La Plataforma de Afectados por la Ocupación se ha concentrado este martes en el madrileño barrio de Canillas para apoyar a Carmelo, un pensionista de 70 años que lleva casi cinco intentando echar a sus inquiokupas, dos primas que, a día de hoy, ya le deben más de 60.000 euros y se niegan a abandonar su vivienda. "No tengo derechos, los tiene mi inquiokupa", rezaba el cartel de la convocatoria, que los manifestantes portaban junto a una lona en la que volvían a reclamar, una vez más, una ley antiokupas que ponga fin a lo que consideran una injusticia.
Amparada por el decreto antidesahucios del Gobierno, una de sus inquiokupas consiguió el blindaje de los Servicios Sociales en 2021. "La declararon vulnerable por teléfono y sin comprobar absolutamente nada", denuncia el propietario, que no entiende cómo es posible que, incluso aunque así sea, la Administración no haya sido capaz en todo este tiempo de encontrarles una alternativa habitacional. "Yo podré ayudar a quien yo quiera, pero yo no tengo por qué ser el escudo social del Gobierno -se queja Carmelo-. Que las lleven a donde quieran, como si quieren llevárselas a un anexo de La Moncloa, pero no tienen por qué vivir a mi costa".
Al menoscabo económico que está teniendo que capear este jubilado, se suma el daño psicológico -e incluso físico- que todo este asunto le está ocasionando: "Desde que empezó todo esto, tengo que tomar pastillas para dormir y he perdido mucho peso, porque no consigo quitármelo de la cabeza y se me hace un nudo en el estómago que me impide comer lo que debiera".
El piso en cuestión tiene, además, un importante componente emocional. No se trata de una segunda vivienda que él mismo haya comprado, sino que es el hogar en el que creció y que, hace unos años, heredó tras morir su padre. "Lo que iba a ser un complemento a mi pensión está siendo un detrimento a mi pensión", lamenta Carmelo, al que no solo le deben 58.000 euros de alquiler -más la mensualidad que le deberían pagar en unos días-, sino también los gastos de la vivienda. "Y encima tengo que pagar el IBI, la Comunidad, seguro… O sea, que estoy manteniéndolas. Solo me falta ir con el cubo de fregar y llevarles la compra todas las semanas", se queja.
De inquilinas solventes a inquiokupas
A finales de 2018, tras convertirse en titular de la vivienda, Carmelo recurrió a una inmobiliaria para asegurarse de encontrar a unos inquilinos solventes. "Me presentaron a estas señoras, que eran primas y tenían un hijo cada una: uno mayor de edad y otro al que le faltaba un año o dos para serlo -explica-. Las dos trabajaban y tenían nómina y, además, como yo les pedí una garantía adicional, me presentaron como avalista al padre de una de ellas, que tenía propiedades inmobiliarias sin cargos y unos ingresos aceptables, según la declaración de la renta que me presentaron".
Sin embargo, los problemas no tardaron en llegar: "Pasaron un par de meses y empezaron a decirme que si les tenía que llegar un dinero y no les llegaba, que me pagarían enseguida… Vamos, que yo vi rápidamente que eran excusas de mal pagador, así que en mayo de 2019 yo ya les mandé un burofax apremiándoles a pagar o a dejar la vivienda". La advertencia pareció surtir efecto, pero su buena voluntad apenas duró un suspiro. "Pasó el verano y otra vez con la misma historia, así que ya decidí recurrir a un bufete de abogados especialistas en temas de vivienda", explica.
Aunque su primer consejo fue que intentara resolverlo por la vía amistosa, aquello no sirvió de nada, así que a principios de 2020 no tuvo más remedio que emprender acciones legales. Con lo que no contaba era con que llegaría una pandemia que retrasaría todo y que, además, les daría a sus ya inquiokupas una coartada perfecta.
Los polémicos informes de vulnerabilidad
En 2021, reclamaron la declaración de vulnerabilidad y el juez pidió a los Servicios Sociales que comprobaran su situación. "Declararon vulnerable a una de ellas tras una entrevista telefónica, así de sencillito. Vamos, que no comprobaron nada. Pero es que, además, hay otras dos personas que firmaron el contrato y a las que no les han requerido nada -denuncia indignado-. Yo he visto el informe y es terrible".
Aunque su abogado lo recurrió, no consiguió nada, con lo que sus inquiokupas han logrado paralizar su desalojo hasta en cuatro ocasiones, gracias a las interminables prórrogas del polémico decreto antidesahucios aprobado por el Gobierno. "La de ahora sería la quinta -se queja Carmelo, que desde diciembre está a la espera de noticias-. Ahora mismo estoy en un limbo".
Mientras tanto, ha presentado una queja al Consejo General del Poder Judicial, al Defensor del Pueblo y al Ayuntamiento de Madrid, del que dependen los Servicios Sociales. "Siempre me mandan a un emisario que me da la razón, pero yo no quiero que me den la razón. Yo quiero que me resuelvan el problema que me han ocasionado con una valoración laxa de vulnerabilidad", denuncia este propietario, que hasta ha acudido al SAER, el Servicio de Asistencia de Emergencia Residencial, para ver si le pueden conseguir una alternativa habitacional a sus inquiokupas. "Pero nada, oiga. Y, la semana pasada, intentamos que el concejal presidente del distrito de Hortaleza nos recibiera, pero parece que no está dispuesto", lamenta.
Una "injusticia" en toda regla
Con todo, Carmelo se declara absolutamente desesperado: "Estoy a punto de cumplir los 71 años, soy ya un hombre jubilado y esto me está haciendo mella en todos los aspectos". A las noches sin dormir y los días sin comer, se suman la rabia y la impotencia por una situación que parece no tener fin, más al agujero económico que le está generando. "Me deben 60.000 euros. Y mis hijas ya son mayores y están emancipadas, pero todo esto que yo estoy dejando de percibir a lo mejor me vendría bien para ayudarlas, porque, por ejemplo, con la pandemia, las dos estuvieron en ERTE y yo no pude hacer nada".
Ahora, este pequeño propietario solo espera que el apoyo que está recibiendo tanto de sus vecinos como de la Plataforma de Afectados por la Ocupación sirva para que, o bien la administración haga su trabajo o bien sus inquiokupas tomen consciencia de la gran "injusticia" que están cometiendo con él y abandonen de una vez por todas su vivienda. "Yo no hablo con ellas por recomendación de mi abogado, porque luego encima me pueden denunciar por coacciones, pero saben perfectamente lo que están haciendo", insiste.