La gran manipulación de Podemos para justificar la expropiación de viviendas de los grandes fondos

Podemos vuelve a acudir a su fórmula fetiche para solucionar los problemas económicos del país: la expropiación. La semana pasada, la secretaria general del partido fundado por Pablo Iglesias, Ione Belarra, pidió al Gobierno de Sánchez expropiar la mitad de las viviendas de las que son dueños los grandes fondos de inversión de nuestro país.

"En este momento, CaixaBank y Blackstone son los dos grandes caseros de nuestro país" señaló Belarra, que aseguró que entre los dos acumulan "más de 41.000 viviendas en alquiler". La líder de Podemos insistió en que "más de 185.000 viviendas" en alquiler en España "están en manos de grandes empresas, la mitad de ellas bancos y fondos buitre americanos" a los que también instó "a robar a otro lado" en Twitter.

"Les voy a dar una idea señorías del Partido Socialista y miembros del Gobierno por si no se les ha ocurrido a ustedes. ¿Por qué no expropiamos el uso de la mitad de las viviendas de estas grandes empresas para que formen parte del parque público de vivienda en alquiler. Porque estos no son pequeños propietarios, son grandes tenedores cuyo único fin es la especulación. De esta manera, España tendría 92.000 nuevas viviendas para el alquiler social" celebró Belarra.

Apenas afectaría al 3% del alquiler

Aunque Belarra no explicó de dónde saca las cifras de las propiedades de esos "grandes tenedores", podemos intuir que provienen del último informe de Civio y, además, coinciden con los estudios de otras consultoras inmobiliarias. Sin embargo, lo que Belarra parece olvidarse de reconocer es que los llamados fondos buitre no son los principales caseros del país, ni mucho menos. Los principales caseros de España son los particulares, que poseen más del 80% del parque de viviendas que hay en alquiler en nuestro territorio.

Por tanto, este grave atentado contra la propiedad privada que plantea Podemos apenas tendría repercusión, aunque sí contribuiría a espantar la inversión en este sector y abocaría a los fondos afectados a un largo periplo de litigiosidad con el Estado.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), España tenía a cierre de 2023 un total de 19,3 millones de hogares constituidos. De esa cifra, el 15,4% estaba en régimen de alquiler. Es decir, había más de 2,9 millones de hogares arrendados.

Así, la gran idea liberticida de Belarra apenas influiría en el 3% de la vivienda de alquiler en España, lo que no contribuiría en absoluto a solucionar el problema de los precios de los arrendamientos, pero sí supondría el enésimo golpe a la seguridad jurídica del mercado.

Un mercado con la oferta estrangulada

Y es que, uno de los mayores despropósitos del Gobierno en materia económica es el destrozo del mercado del alquiler en España. Regular precios, aumentar la fiscalidad, poner trabas a los inversores, desproteger al propietario... todas las medidas aplicadas por PSOE y Podemos han contribuido a asfixiar a un mercado que sufre una grave falta de oferta en las principales ciudades de nuestro país, que es el principal problema.

Las consecuencias que ha tenido esta intervención del mercado de la vivienda son demoledoras. Como publicó ayer lunes José María Rotellar en Libre Mercado, cuando llegó Sánchez al poder, el precio medio del alquiler en España estaba en 700 euros y ahora supera los 1.050 euros. Por otro lado, la oferta se ha desplomado, y de los casi un millón de inmuebles que se ofertaban en 2019, ahora, apenas hay 750.000 viviendas disponibles. Los propietarios tienen miedo de alquilar.

Y Belarra no se queda ahí, la líder de Podemos también quiere impedir que los medios de comunicación informen del fracaso del intervencionismo inmobiliario que tanto promulga su partido. Por ello, propone silenciar a la prensa con la aprobación de "una ley de medios" para evitar que "desde los grandes medios de comunicación se mienta sobre la causa del problema de la vivienda". Belarra cargó en su intervención contra "Ana Rosa Quintana, que tiene 44 pisos turísticos, y que miente permanentemente sobre la Ley de Vivienda". Desde Podemos han negado en reiteradas ocasiones que exista un problema de okupación e inquiokupación en nuestro país a pesar de que los datos y los testimonios de afectados demuestran lo contrario. Echarle la culpa de los precios a los grandes fondos también es otra de sus mentiras más recurrentes.