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Barcelona prohibirá todos los pisos turísticos de la ciudad

A partir de 2029, desaparecerá la figura de piso turístico tal y como se concibe actualmente en pisos residenciales.

A partir de 2029, desaparecerá la figura de piso turístico tal y como se concibe actualmente en pisos residenciales.
Alamy

Golpe propietario en Barcelona... y al turismo. El Ayuntamiento de Barcelona, liderado por el gobierno socialista de Jaume Collboni, plantea eliminar todos los pisos turísticos de la ciudad en noviembre de 2028 para destinarlos a uso residencial.

Lo ha anunciado Collboni en rueda de prensa de este viernes, junto a los tenientes de alcalde Laia Bonet y Jordi Valls, en la que ha detallado la voluntad de su gobierno de fulminar esta modalidad de arrendamientos.

El objetivo del alcalde es que "a partir de 2029 desaparezca la figura de piso turístico" tal y como se concibe actualmente y se cese completamente la actividad de uso turístico en pisos residenciales, una propuesta que primero deberá ser aprobada por el pleno del Consistorio.

"El Gobierno ha decidido ir a fondo", ha afirmado Collboni, que ha recordado que la ciudad cuenta actualmente con 10.101 pisos turísticos, que quiere suprimir aprovechando el decreto de la Generalidad, que emplaza a los municipios a redactar en un plazo de 5 años desde diciembre de 2023 un plan urbanístico que fije cuantos pisos turísticos acepta tener.

Pero la fórmula que quiere aplicar el Ayuntamiento no pasa por establecer cuantos pisos permite la ciudad, sino por extinguir las licencias en noviembre de 2028 y actualizar el Plan de Alojamientos Urbanísticos, de manera que desaparezca la categoría de pisos turísticos.

"Eso nos va a permitir poner 10.000 viviendas en el mercado de alquiler o a la venta o, sencillamente, que tengan el uso residencial que seguramente nunca tendrían que haber perdido. Es como fabricar 10.000 nuevas viviendas en la ciudad en solo 5 años", ha explicado Bonet, que olvida que el Ayuntamiento no ha fabricado nada, sino que ha expropiado el derecho a alquilar a sus legítimos dueños.

La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur) ha criticado duramente esta decisión, advirtiendo que podría eliminar hasta el 80% de los pisos turísticos y reducir el PIB turístico de Cataluña en un 3,74%​. Además, las viviendas turísticas en Barcelona generan aproximadamente 342 millones de euros en impuestos anuales, y se estima que el coste económico de rescindir estas licencias podría alcanzar los 4.000 millones de euros para la Generalitat.

Esta política se suma a las controversiales medidas de la exalcaldesa Ada Colau, quien durante su mandato adoptó un enfoque antiturístico, afectando tanto a hoteles como a pisos turísticos. Bajo su liderazgo, Barcelona se ha destacado por implementar normativas muy restrictivas en materia de vivienda, lo que ha sido criticado por las patronales de pisos turísticos, que argumentan que estas políticas dificultan la inversión inmobiliaria y el desarrollo económico de la ciudad​​.

La ministra Rodríguez: "Tienes todo mi apoyo"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha respaldado la propuesta del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de eliminar los pisos turísticos a partir de 2028. En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, Rodríguez expresó su "enhorabuena" al edil barcelonés y aseguró: "Tienes todo mi apoyo en esta tarea". Según la ministra, la eliminación de los pisos turísticos es una medida necesaria para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible, alineándose con el decreto ley aprobado por la Generalitat que se implementará en noviembre de 2028.

En la última década, los alquileres han subido en Barcelona mas de de un 70%, lo que ha expulsado a muchos residentes, especialmente a los jóvenes, fuera de la ciudad. Las políticas restrictivas del Ayuntamiento, como la obligatoriedad de destinar un 30% de las nuevas promociones a vivienda social, han fracasado, generando solo 98 viviendas asequibles desde 2018, según el propio alcalde. Estas medidas antiturísticas han limitado la oferta de pisos turísticos legales, agravando la situación sin resolver los problemas del mercado de alquiler. Estas decisiones, combinadas con la permisividad hacia la okupación, han creado un entorno hostil tanto para propietarios como para inversores, incrementando la crisis de vivienda y dejando a muchos residentes sin opciones viables para encontrar alojamiento asequible.

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