Nueva Zelanda, abandona el plan por el que iba a imponer desde 2025 tasas a las emisiones de metano producidas por los eructos y flatulencias del ganado. El nuevo Ejecutivo conservador considera que los ganaderos no deben pagar este gravamen conocido como "el impuesto del eructo", impuesto con la excusa de reducir los efectos de la crisis climática.
El país cuenta con 5 millones de habitantes humanos y más de 36 millones de ovejas y vacas. Para abordar las emisiones de metano del ganado, el Gobierno neozelandés decidió recurrir a la fiscalidad verde a costa de los ganaderos, cuya actividad representa en torno al 10% del PIB. Y así, a finales de 2022, Nueva Zelanda se convirtió en el primer país en poner impuestos a las flatulencias de los bóvidos.
Sin embargo, el nuevo Gobierno conservador que asumió el cargo el pasado mes de noviembre ha anunciado que aprobará una reforma legislativa para revertir toda la política ambientalista del anterior Ejecutivo.
"El Gobierno está comprometido a cumplir con las obligaciones en materia de cambio climático sin cerrar las granjas neozelandesas. No tiene sentido enviar empleos y producción al extranjero, mientras los países menos eficientes en carbono producen los alimentos que el mundo necesita", indicó en un comunicado el ministro de Agricultura, Todd McClay.
El impuesto a las flatulencias de las vacas ha recibido numerosas críticas del sector ganadero, entre otros motivos, porque nunca se llegó a precisar cómo se iban a medir la cantidad de emisiones. Los profesionales del campo también denunciaron que el impuesto no iba a reducir las emisiones, a lo que el Gobierno oceánico alegó que los fondos recaudados se destinarían a crear más bosques.
El nuevo Gobierno ha optado por otro enfoque: menos impuestos y más investigación. "Estamos centrados en encontrar herramientas prácticas y tecnología para que nuestros agricultores reduzcan sus emisiones (de gases que producen el efecto invernadero) de una manera que no reduzca la producción ni las exportaciones", ha señalado McClay.