El Gobierno, a través de su Ministro de Economía, Comercio y Empresa, ha presentado un balance triunfalista sobre la ejecución de los fondos europeos del Plan de Recuperación, muy distante de la realidad y que no responde a las preguntas clave que exigiría una evaluación seria y rigurosa de la acción gubernamental y del grado de cumplimiento de los objetivos y de las expectativas generadas.
¿Por qué el Gobierno no da los datos de ejecución real?
Porque reconocer la ejecución real sería admitir su fracaso. Lo camufla hablando de resoluciones de convocatorias, en lugar de dinero efectivamente desembolsado y gastado. Según sus propios datos, después de tres años y medio de ejecución solo se han resuelto 38.604 millones de euros, quedando todavía por resolver el 76% de los fondos antes de que finalice el programa Next Generation en agosto de 2026.
Si el Gobierno habla de resoluciones, ¿cuánto ha conseguido gastar realmente España?
Solo hay dos fuentes que proporcionen una medida precisa del gasto de España después de tres años de una ejecución incapaz, pero edulcorada con dosis continuas de propaganda. Según los informes de la Comisión Europea y la AIReF, el gasto real de los fondos del Mecanismo de Recuperación en España se aproxima a los 20.000 millones de euros en tres años, una cifra raquítica del 12% de los 163.000 millones asignados a nuestro país.
¿El Gobierno puede asegurar que no se devolverán fondos al finalizar programa?
Claramente no. Desde el prisma de la ejecución presupuestaria de estos fondos, cualquier analista serio tendría que horrorizarse al comprobar que de 2023 a 2024 tienen que arrastrarse sin movilizar la friolera cifra de 10.455 millones de euros procedentes de los fondos europeos, pasando de un año a otro. Solo el Ministerio de Industria, arrastra 2.000 millones de los PERTE que fue incapaz de ejecutar el año pasado.
¿Y los PERTE?
Los grandes proyectos de colaboración público- privada presentan la misma sensación de fracaso que el conjunto de la actuación del gobierno. El ministro ha confirmado que se han movilizado (que están en trámite) 14.000 millones de euros de los más de 42.000 de inversión pública prevista, es decir, solo 1 de cada 3 euros del total previsto, tres años y medio después.
Solo el PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado, acumula más de 1.300 millones de euros en los cajones de un Ministerio de Industria incapaz de adjudicar la totalidad de los fondos a pesar de las diferentes convocatorias lanzadas desde su aprobación.
Cuando los diseños de las inversiones se hacen desde la unilateralidad, con decisiones basadas en intereses políticos más que en criterios de necesidad y eficiencia, sin contar con los sectores y los actores implicados o las CCAA, lo probable en un Estado planificador e hiperregulador, es fracasar.
Pero el gobierno dice que los fondos han llegado a más de 674.189 adjudicatarios.
Aproximadamente 525.000 son empresas o uniones temporales de empresas, que pueden haber recibido más de una adjudicación. Incluso aceptando este dato, solo representa el 17,5% del total de empresas que hay en nuestro país, según los datos del gobierno. De estas, 388.000 son Kits Digitales tal y como informa Red.s, por eso, no es de extrañar la sensación de frustración del sector empresarial.
¿Se están notando los fondos en la economía?
Muy por debajo de lo esperado. Frente a lo que argumentan las terminales mediáticas del Gobierno, España crece impulsada principalmente por el incremento de población, el turismo y el gasto público. Es más, la reducción de la ratio de Deuda Pública/PIB se explica por el incremento del denominador, impulsado por la inflación.
Si estuvieran llegando los fondos europeos de manera eficiente, se habría reflejado en los niveles de inversión. Sin embargo, la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) sigue un 2,18% por debajo de los niveles de 2019, con una caída del 6,12% en la inversión en maquinaria y bienes de equipo y un descenso de 2,74 puntos en la construcción.
Por más fondos que Sánchez ponga encima de la mesa, la inseguridad jurídica, la inestabilidad del marco regulatorio y los niveles actuales de burocracia disuaden a la mayoría de las empresas de concurrir entre la fragmentación de fondos existente o iniciar programas de innovación.
Sin inversión, ni incentivos a la innovación, se pierde competitividad, tal y como acaba de señalar el Ránking de Competitividad Mundial 2024, publicado por el Institute for Management Development (IMD), que situaba a España en el puesto 40 de las 67 economías analizadas, el 2º peor resultado histórico en los 30 años que lleva publicándose este indicador. Esto evidencia de nuevo que los fondos no están sirviendo para mejorar la competitividad ni para transformar el tejido productivo.
Bueno, pero hemos cumplido los hitos del cuarto pago y recibiremos 10.000 millones de euros.
Si, pero un año tarde y después de modificar los hitos y objetivos dos veces para poder cumplir los compromisos del cuarto pago. Que el Gobierno celebre el fracaso de llegar un año tarde y de forma incompleta, en lugar de estar pidiendo actualmente el quinto desembolso y tener prácticamente cerrado el sexto, muestra el grado de deterioro moral al que nos ha acostumbrado Pedro Sánchez.
¿Por qué el gobierno no ha cumplido con el principio de Cogobernanza?
En primer lugar, por no convocarlas después de casi tres años, hasta la semana pasada. La cogobernanza era un factor esencial para la ejecución eficaz de los fondos. A pesar de comprometerse a que las CCAA gestionarn el 54% de los fondos, el gobierno solo ha permitido que gestionen el 38% del bloque de ayudas, sin haber sido consultadas ni involucradas adecuadamente en el diseño y ejecución del plan.
Si consideramos los fondos de la Adenda, donde se encuentra el Fondo de Resiliencia Autonómica, las CCAA acabarán gestionando 47.000 millones, un 29% total de los fondos europeos. No contar con los gobiernos autonómicos y no permitirles llevar a cabo PERTES Territoriales, ha limitado la efectividad de los fondos y su capacidad transformadora del tejido productivo español.
¿Cuándo estarán listos los fondos de la Adenda?
El Ministro se ha reservado la comparecencia para comunicar la firma del convenio para iniciar el proceso de activación de las líneas ICO Empresas y anunciar, de nuevo, la activación del Fondo de Resiliencia Autonómica (FRA). Han tenido que pasar nueve meses para que el Gobierno inicie los trámites para poner en marcha estas líneas, con la proximidad de la finalización del programa acechando y obligando a flexibilizar los criterios de lo que se considerará ejecutado para evitar la devolución de fondos a Europa. Probablemente, hasta después de verano no estarán disponibles para autónomos y empresas, mientras que los proyectos públicos financiados por el FRA encontrarán difícil acomodo dado el escaso tiempo restante, salvo que estén ya iniciados.
¿Tomará el gobierno alguna medida correctiva para asegurar que estos fondos realmente impacten positivamente a la economía y a la sociedad española?
Ojalá el Gobierno utilizara los fondos para financiar con intensidad incentivos fiscales y no lo redujera a un escaso fondo de 483 millones de euros, actuara con mayor transparencia y colaboración con otras administraciones y aprovechara esta oportunidad única para impulsar el crecimiento económico. Sin embargo, parece que su único interés es mantener el espejismo triunfalista.