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Diez medidas para luchar contra la lacra de la okupación

Entre 2018 y 2022, bajo el Gobierno de Sánchez, el número de okupaciones ha aumentado un 37%.

Entre 2018 y 2022, bajo el Gobierno de Sánchez, el número de okupaciones ha aumentado un 37%.
Europa Press

La okupación se ha incrementado notablemente a lo largo de los últimos años debido a la lentitud de la justicia para proteger al propietario y a las políticas permisivas de la izquierda. De hecho, ya informamos en Libre Mercado de que la nueva Ley de Vivienda, pactada entre el PSOE, Podemos, ERC y Bildu supone aún mayores facilidades para los okupas. De hecho, el plazo para desalojar a un okupa se ha disparado de 12 a 21 meses bajo gobierno de Sánchez.

Bien es cierto que el fenómeno de la okupación no es nuevo en España. Este movimiento surgió en la década de los 80 del siglo pasado a la luz de la influencia de grupos radicales, punk y anarquistas. En aquellos años, por ejemplo, se produjeron las okupaciones del Ateneo de Cornellá y de la Casa de la Montaña en Cataluña y la de Minuesa en Madrid, entre otras. Sin embargo, ha sido en los últimos años cuando este fenómeno se ha agravado y ha adquirido una relevancia mayor.

Así entre 2018 y 2022, bajo el Gobierno de Sánchez, el número de okupaciones ha aumentado un 37%, desde las 12.214 a las 16.726, según los datos oficiales. Sin embargo, la Plataforma de Afectados por la Okupación estima que hay cerca de 100.000 inmuebles afectados por este tipo de crímenes debido a que, por ejemplo, los datos oficiales no recopilan el fenómeno de la inquiokupación (cuando el inquilino deja de pagar).

Según el Ministerio del Interior, solamente en los primeros cinco meses de 2023 el número total de okupaciones fue de 6.648. Así, se registra un descenso desde las 7.485 ocupaciones que se dieron en el mismo período el año anterior.

HECHOS CONOCIDOS POR OCUPACIÓN ILEGAL DE INMUEBLES
COMUNIDAD AUTÓNOMA ene-may 2022 ene-may 2023
ANDALUCÍA 1.075 1.036
ARAGÓN 99 83
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 24 29
BALEARS (ILLES) 179 174
CANARIAS 215 234
CANTABRIA 41 37
CASTILLA Y LEÓN 124 104
CASTILLA - LA MANCHA 337 300
CATALUÑA 3.147 2.789
COMUNITAT VALENCIANA 908 716
EXTREMADURA 82 64
GALICIA 84 82
MADRID (COMUNIDAD DE) 701 649
MURCIA (REGIÓN DE) 293 195
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE) 44 37
PAÍS VASCO 104 95
RIOJA (LA) 18 19
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 5 3
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 5 2
TOTAL 7.485 6.648

FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR

(*) Se computan datos provenientes de la Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y policías locales que proporcionan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad.

Del mismo modo, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el Ministerio del Interior, entre los años 2015 y 2020 se pasó de 10.376 denuncias anuales a cerca de 14.675, suponiendo un incremento de más del 40% en menos de 5 años. Así lo recoge la Fundación Civismo, que acaba de publicar su informe ’La okupación en España: una lacra social y económica’, en el que señala que la okupación se ha convertido en una forma de acción política y "en un elemento de inestabilidad social e inseguridad muy peligroso en nuestro país".

"Las viviendas más afectadas por la okupación son aquellas deshabitadas, pudiendo ser estas tanto segundas residencias como viviendas en proceso de construcción", detalla el informe elaborado por Civismo. Además, cabe señalar que en los últimos años se ha experimentado un aumento de las okupaciones especialmente en las áreas rurales, mientras que en las ciudades (sobre todo, en las ciudades dormitorio) son los inmuebles de los barrios de rentas medias-bajas los más afectados por este fenómeno.

Los daños de la okupación

Como señala Civismo, la okupación supone un gran daño social y económico, más si tenemos en cuenta que en nuestro país "los propietarios siguen absolutamente indefensos en el plano legal mientras en la actualidad el fenómeno ya alcanza cerca del millón de afectados a nivel familiar". A ello debemos añadirle que las autoridades suelen verse sin posibilidades de actuar, por ejemplo, "frente a las mafias que alquilan viviendas usurpadas en el mercado negro", debido a que falta un marco legal adecuado frente a la okupación.

La okupación repercute negativamente sobre la seguridad jurídica del mercado de alquiler y venta de inmuebles, produce una reducción de la oferta de viviendas disponibles para alquilar, conlleva un aumento de los precios de aquellas viviendas situadas en zonas con baja okupación dado el éxodo que se produce hacia allí e incrementa la inseguridad de los ciudadanos. Y es que, como señala Civismo, "el principal mecanismo de transmisión a través del cual la okupación contribuye a incrementar el precio del alquiler es el efecto desincentivador que genera sobre la inversión en vivienda", pero aparte de desincentivar la inversión, la okupación hace que los arrendadores traten de cubrir el riesgo de que le okupen su propiedad, por lo que los inquilinos sufren también por esta parte un incremento del precio del alquiler.

Lo cierto es que "la okupación supone una devaluación media de 8 euros por metro cuadrado en Madrid y de 15 euros en Barcelona", por lo que en conjunto ambas ciudades experimentan pérdidas de 22 millones cada año debido a este fenómeno. En todo caso, estos daños son más graves si cabe cuando se okupan inmuebles que se están empleando como vivienda principal.

Así, el sector inmobiliario se ha visto abocado a una situación crítica, pues proliferan las okupaciones y las instituciones parecen proteger a quienes perpetran este tipo de delitos.

Decálogo contra la okupación

En su informe, la Fundación Civismo elabora un decálogo para luchar contra la okupación, que se resumen del siguiente modo:

  1. Aprobar una Ley que permita el desalojo de los okupas en un plazo máximo de 24 horas a través de la intervención policial.
  2. Aumentar las penas correspondientes al delito de usurpación de vivienda.
  3. Prohibir que un inmueble que ha sido okupado puede ser considerado morada o domicilio.
  4. Revocar la inscripción en el padrón municipal de cualquier okupa.
  5. Crear un nuevo delito de instigación y apoyo a la okupación de viviendas que incluya todos aquellos actos que favorecen la okupación y aquellos que directamente contribuyen a la usurpación ilegal de viviendas.
  6. Incrementar la protección jurídica frente a la actuación de las mafias de la okupación.
  7. Incrementar las ayudas a los propietarios de viviendas ocupadas desde las AAPP.
  8. Introducir como delito tipificado la conexión ilegal a suministros básicos, como ocurre frecuentemente con la red eléctrica.
  9. Diseñar mecanismos legales y administrativos que permitan a las compañías suministradoras de servicios básicos resolver los contratos de suministros sin coste al hallarse la vivienda okupada.
  10. Garantizar a través de una reforma legal que las comunidades de propietarios puedan ejercer acciones legales directas contra los okupas.

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