Un reportaje excelente, esta semana, en Libre Mercado de mi compañera Sandra León: "Condenado a vivir en una furgoneta por culpa de su okupa: "Tengo 51 años y vivo en la calle... ¿Quién es el vulnerable?". Junto al mismo, otra información sobre una okupa que ha sido noticia esta semana, porque vive en un chaletazo en Menorca: "Me lo merezco", dice la protagonista.
Los dos coincidentes en el tema, la okupación. Y una misma palabra recorre el texto: vulnerabilidad. Unos y otros, okupas y propietarios, discuten sobre quién necesita más o menos el dinero, si es justo o no que tengan casa, o si se debe permitir que vivan en la calle. En general, casi todas las informaciones sobre este asunto comienzan y terminan en esto: un propietario en dificultades económicas o enfermo o que es muy mayor; frente a un okupa que ha entrado en su vivienda y que también lo estaba pasando muy mal.
Mientras los leía, yo pensaba que estaría muy bien que algún día el propietario fuera un tipo con mucha pasta, que no necesite la vivienda para mantener su elevado tren de vida, que tenga 5-6-7 inmuebles. Y que sea un poco antipático, algo chulo, el clásico nuevo rico que se cree con derecho a todo. O a un ejecutivo de un fondo inmobiliario (sí, esos que llaman "fondos buitres"). Porque por ahí se nos está escapando también el debate. Aquí la clave no es si está bien o mal que a una viejecita le okupen el pisito alquilado que tanto le costó pagar y con el que complementa su pensión. Eso ya sabemos que está mal. Pero es que también lo está que se lo hagan a un millonario. Tu derecho no puede depender de tu estatus. Es como decir que a una persona con un sueldo muy elevado o que sea muy guapa le pueden pegar un puñetazo por la calle: como tiene tantas otras cosas para compensar...
Sé que he sacado la palabra maldita: "Derecho". Que tampoco se les cae de la boca a los okupas: "Tengo derecho a una vivienda digna", aseguran. Otra discusión absurda para el tema del que hablamos. Para empezar, porque ese derecho es muy tramposo como casi todos los que se reclaman en la actualidad: ¿Qué es "digna"? ¿100mt2? ¿200mt2? ¿Quién paga los suministros? ¿Cerca del centro de Madrid? Como apuntábamos hace unos meses, ¿cuántos okupas están dispuestos a recibir una casa vacía en un pueblo de Teruel?
Pero hoy ni siquiera entramos ahí. La pregunta es, incluso si admitimos ese supuesto "derecho" a la vivienda digna: ¿Quién tiene que garantizarlo? La perversión del sistema que se ha instalado en España es que el político lo consagra, lo defiende, lo proclama... pero quien lo paga es el particular. Así, cuando la izquierda dice que el problema en España son los precios o la precariedad, no la okupación, parece dar a entender que está bien que alguien entre en una vivienda ajena si lo necesita, porque hay una falla en la política social de protección a estos colectivos.
Mal en todo. Si hay ese problema (esto sería una discusión de segundo orden) el que debe resolverlo es la Administración de turno: el ministerio, la consejería, la concejalía. Pero no el particular. Y menos hacer una especie de argumento personalista del tipo "si ese particular es muy rico, entonces importan menos sus derechos".
Es como si para resolver la mediocridad de las escuelas públicas obligas a un catedrático de Matemáticas a ir esposado dos horas al día a un colegio a dar clases gratis: como hay una "necesidad social", un colectivo "vulnerable" y el catedrático probablemente tiene ingresos elevados... pues parecería que pudieras hacer con él lo que quieras. Con este ejemplo, lo vemos claro: las soluciones de política social no pueden depender de una obligación para el ciudadano. Si hay fallos en la educación pública, que se ponga manos a la obra el Ministerio, que no nos pase el muerto a nosotros.
Soluciones
Sobre la okupación, la solución es obvia: expulsión en 24 horas de cualquier okupa, una condición que dependería simplemente de la denuncia del propietario. Por supuesto, si luego se demuestra que el expulsado tenía un título legítimo, la pena para ese mismo propietario sería muy elevada (pena económica, pero también podría ir más allá). En el caso de los inquiokupas (personas que tienen un contrato de alquiler pero no pagan) se podría articular un plazo algo más elevado (tipo un mes) para que se ponga al día. Si no lo hace, a la calle; y si paga y luego vuelve a la mora, también.
No sólo sería sencillo y barato de aplicar, sino que generaría un círculo virtuoso: cómo okupar sería mucho menos beneficioso, pocos lo harían. Y perseguir a los que insistieran sería más fácil y rápido.
Frente a esa seguridad jurídica, en España, ahora mismo, vivimos en el reino de la arbitrariedad. Se supone que está prohibido, pero al mismo tiempo todos sabemos que si te toca la china, estás fastidiado. Se mete un okupa en la casa de al lado o en el inmueble que tienes sin alquilar, y tienes un lío. Ya no digamos si es el inquilino que deja de pagar el alquiler.
Peor que una ley injusta, es una arbitraria, que no tienes muy claro si se aplicará o no. O que ofrece recovecos al tramposo para alargar plazos, engañar al sistema y proteger al tramposo. Llegados a este punto, casi sería más lógico prohibir que un mismo propietario tenga más de una, dos o tres viviendas en propiedad. Sería una locura, destrozaría el mercado y expulsaría a aquellos agentes (los grandes tenedores) que lo hacen más dinámico y que cubren mejor aquellos puntos con carencias de oferta. Pero al menos eliminaríamos la excusa del "se lo merecen por ricos" que tanto gusta nuestros políticos.
Intuyo que alguien pensará que el problema sigue ahí y que somos unos desalmados. Hablamos de esos okupas sin "alternativa habitacional" a los que proponemos que se ponga en la calle en 24 horas. Para empezar, habría que ver cuántos quedan si las opciones actuales dejan de estar a su alcance. Pero, incluso si es cierto que hay decenas de miles de familias vulnerables, la clave de nuevo es quién debe resolver ese problema. Y la política "social" (con lo que les gusta esa palabra) debería ser competencia del político, no del propietario de una vivienda, por muy rico que éste sea. Si crees que el problema es que es muy rico, cóbrale más impuestos (que entonces ese mismo rico se iría del país, pero ése es otro tema), pero no juegues al "como eres rico o una empresa o un banco, entonces no tienes derecho del todo a que te proteja la ley".
El okupa, a la calle; y el ayuntamiento o la consejería de turno, que busquen una alternativa: desde pagarle un alquiler a ofrecerle un techo en un edificio público. Nos dicen que nos quitan la mitad de lo que ganamos precisamente para que ellos puedan ofrecer esas alternativas. No es una cifra menor. Pero luego no cumplen con lo que ellos mismos aseguran que es su principal prioridad. Y al final esto termina siendo un juego en el que las reglas cada vez están más desequilibradas. Un Estado creciente, pero que hace menos o que se inhibe o que pone el peso de resolver lo que se supone que son sus funciones más esenciales en la espalda del ciudadano. No nos extraña que se sientan tan cómodos, yo prometo "política social" y que no dejaré "a nadie atrás", y el ciudadano es el que cumple la promesa con su vivienda.