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El juez que explica a los propietarios cómo echar a sus okupas: "Es un problema que curiosamente solo tenemos en España"

El magistrado del Supremo Vicente Magro publica "Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble", un manual "eminentemente práctico".

A Contracorriente. La defensa contra la okupación

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El magistrado del Supremo Vicente Magro publica "Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble", un manual "eminentemente práctico".
El magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro | ICAIB

A pesar de que la izquierda mediática y política trate de minimizar el gran problema de la okupación que existe en España, lo cierto es que cada vez son más las víctimas de esta lacra. Al ya conocido como okupa de patada en la puerta, en los últimos años se ha sumado el inquiokupa, aquel que alquila una vivienda, pero deja de pagarla y se niega a abandonar el inmueble. A todas esas víctimas, pero también a sus abogados e incluso a las fuerzas de seguridad, va dirigido el manual que acaba de publicar Vicente Magro, magistrado del Tribunal Supremo, y que hasta incluye modelos específicos de denuncia o recurso ante circunstancias concretas.

Editado por La Ley, "Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble" se presenta como "un manual eminentemente práctico sobre uno de los más graves problemas que existen en la actualidad y que se ha perpetuado en el tiempo sin que se hayan adoptado medidas para luchar contra un fenómeno detrás del cual la sensación y sensibilidad de la sociedad es que existe una absoluta impunidad".

Así lo ha defendido en La Trinchera de esRadio el propio magistrado, quien ha denunciado abiertamente que "la Ley de Vivienda ha perdido una tremenda oportunidad de resolver un problema que curiosamente solo tenemos en España dentro del entorno europeo", ya que, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, "en Italia, en Francia, en Alemania, en Holanda o en Bélgica esto lo resuelven en 72 horas, como debe ser", remarca.

Las cifras que hay y las que faltan

Frente a la expulsión inmediata que se produce en otros lugares, aquí los procesos se pueden alargar años lo que, a su vez, alienta el auge de un fenómeno que afecta a miles de personas cada año. "En España, hay 40 okupaciones al día, que llegan a totalizar 16.000 delitos de okupación al año", asegura Magro. "¿Cómo no puede ser grave que tú vuelvas a tu casa de un viaje, de haber salido un fin de semana, y te encuentras la cerradura cambiada y a unas personas en su interior?", se pregunta indignado. A todos estos casos habría que sumar, además, las inquiokupaciones que, por considerarse un mero impago de la renta e ir normalmente por la vía civil, no aparecen en dichas estadísticas.

El magistrado, sin embargo, abre la puerta a que los propietarios puedan denunciar estas últimas por la vía penal, lo que les permitiría solicitar medidas cautelares, como la expulsión inmediata. "Si yo a una persona le pago la fianza, le pago el primer mes y el segundo dejo de pagar, desde mi punto de vista es una estafa", defiende Magro, que asegura que el Tribunal Supremo ya está diferenciando este delito del mero incumplimiento contractual que se produciría por una circunstancia sobrevenida. "Cuando yo, al momento de contratar, tengo ya la intención de incumplir, es una estafa", sentencia.

La falsa vulnerabilidad

Capítulo aparte merecen los polémicos informes de vulnerabilidad que paralizan los desahucios durante años y que muchas veces son utilizados por personas que cobran en b. "La vulnerabilidad tiene que averiguarse", insiste Magro, que considera que "la Ley debería establecer un filtro de averiguación y no darla por supuesta", algo que, desgraciadamente, ocurre con frecuencia. No en vano, son muchos los propietarios que denuncian que los Servicios Sociales la conceden por teléfono y sin comprobar absolutamente nada.

"Por eso, muchos juristas estamos reclamando una Ley Integral del fenómeno de la okupación que dé respuesta a todo esto, porque esto es lo que se hace en un Estado de derecho y lo que da seguridad jurídica a los ciudadanos y a los operadores jurídicos", advierte Magro. A su juicio, "devolver la confianza a los ciudadanos para volver a invertir en vivienda y que aquellos que quieran alquilarla con toda honradez también puedan hacerlo" es fundamental. "El problema es que, al final, si esto no se hace bien, los precios suben, porque los propietarios ponen precios mayores porque solo quieren alquilar a aquel que tenga solvencia acreditada", advierte.

Precisamente por eso, el magistrado del Tribunal Supremo cree que la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno es un error. "Establece un ámbito brutal de protección al inquilino, hasta el punto de que ya se está retrayendo la inversión, porque la gente ya no le ve rentabilidad a comprar un piso para alquilarlo si luego le dejan de pagar y puede estar hasta 3 años sin poder recuperar su posesión".

Con todo, insiste en que "hace falta una política de vivienda que proteja a los dos partes, al arrendatario y arrendador" y que, además, obligue a las administraciones a buscar una alternativa habitacional a los okupas que consideren vulnerables en un plazo determinado. "El problema es que actualmente no hay un plazo y eso es lo que se debería hacer: si en un mes no se la han encontrado, yo cojo y lo echo", defiende Magro, que, en no pocas ocasiones, denuncia en su manual la injusticia que supone convertir a los pequeños propietarios en el "escudo social" del Gobierno, como apuntan las víctimas.

Cómo desmontar las tretas de los okupas

Por lo que respecta al okupa de patada en la puerta, el magistrado también aporta soluciones: desde impulsar protocolos de autoprotección en las comunidades de vecinos, hasta clarificar la legislación para que la Policía sepa cómo actuar. Y para muestra, un botón: cuando se encuentran ante un delito flagrante, los agentes pueden echar a los okupas sin necesidad de autorización judicial, pero… "¿Cuál es el plazo de la flagrancia? —se pregunta Magro—. Si entran a las 8 de la mañana y yo voy a mi casa a las cuatro de la tarde, ¿es flagrancia? Yo entiendo que sí, pero la Policía lo tiene que tener claro con una ley integral que muchos juristas estamos recomendando".

En este tipo de casos, además, es importante que los agentes sepan también cómo sortear las tretas de los okupas para tratar de hacerles creer que llevan más de 72 horas en el inmueble y que, por tanto, no les pueden echar sin autorización del juez. Una de las técnicas más utilizadas es la conocida como "técnica del Telepizza". Días antes de okupar la vivienda, piden comida al domicilio y la recogen en el portal, pero como en el ticket viene la dirección completa, luego lo aportan como prueba para demostrar que llevan ya un tiempo y que, por tanto, no les están pillando in fraganti.

En situaciones como esta, Magro insiste en que los agentes deben esforzarse por encontrar una "contraprueba". "El sistema de alarmas es el más eficaz, porque si salta una alarma, la empresa llama la Policía y la hora queda registrada. Por lo tanto, da igual que enseñen un ticket o lo que sea: pueden echarlos perfectamente, porque se presenta una contraprueba de mayor relevancia, que es una empresa que certifica que ha saltado la alarma y que, por ejemplo, han entrado a las 3:15 horas", explica.

Otra posibilidad es contar con el testimonio de otros vecinos. De ahí, la necesidad de esos protocolos de autoprotección que mencionaba Magro y que servirían para concienciar a la comunidad de la importancia de denunciar: "Si el que llama es el vecino, que es una persona neutra, y dice que acaba de ver entrar a unas personas en el piso, por muchos tickets que se presenten, la Policía tendrá un salvoconducto".

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