La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) alerta en su último informe sobre la situación presupuestaria de nuestro país sobre los riesgos judiciales que enfrenta el erario público en relación con la ejecución de sentencias judiciales adversas. El organismo que preside Cristina Herrero considera que esta rúbrica puede suponer hasta 13.500 millones de euros a los contribuyentes españoles.
"Aparte de los riesgos fiscales con origen en el escenario macroeconómico, existen también riesgos relacionados con la ejecución de sentencias judiciales. Son las causas judiciales abiertas que, en el caso de resolverse de manera desfavorable a los intereses del Estado, podrían tener un impacto significativo en el déficit. Estos procesos judiciales principalmente se refieren a determinados aspectos de la regulación de las figuras impositivas (Impuesto de sociedades, IRPF, impuesto de hidrocarburos o Impuesto de actividades económicas). Asimismo, otros guardan relación con los contratos de concesión, las primas de las energías renovables o la regulación del bono social eléctrico", apunta la entidad.
El primer concepto que destaca la AIREF alude a "los arbitrajes internacionales en materia de energía", refiriendo que "sigue abierto el litigio de las energías renovables y, aunque la mayoría de los laudos se encuentran recurridos, la cuantía de condena de los laudos desfavorables para España se sitúa ya en torno a los 1.164 millones".
Tal estimación ya habría quedado obsoleta, puesto que recientemente ha trascendido la condena a España por el caso E.ON, así como otros laudos condenatorios que elevan la factura total a 1.560 millones. A esta cifra hay que sumarle cerca de 300 millones en concepto de intereses de demora y condenas en costas, así como honorarios de abogados y consultores reclutados por el gobierno español. Por tanto, la cifra actualizada es hasta un 60% mayor.
Otras deudas latentes
Al margen de los laudos de las renovables, existen distintos procesos abiertos en relación con la gestión de autopistas en régimen de concesión. ACESA reclama 4.300 millones de euros al Estado, aunque una sentencia del Tribunal Supremo reduce la cuantía significativamente.
También están en marcha distintos recursos contencioso-administrativos contra los acuerdos de gobierno que aprobaron las resoluciones de liquidación de los contratos de concesión de autopistas de peaje, aunque no ha trascendido la cuantía de dichos procedimientos y el gobierno tampoco ha informado de ello.
Asimismo, hay un saldo de préstamos participativos otorgados a las concesionarias de autopistas en situación financiera delicada, por importe de 148 millones, cuya devolución está en el aire, así como ocurre con las demandas de las concesionarias de autopistas sobre solicitudes de reequilibrio económico por causa del COVID-19, un proceso en el que la cuantía reclamada alcanza los 427 millones.
Otro posible "agujero" detectado en el informe sería el del impuesto especial de hidrocarburos. La AIREF recuerda que "se encuentra planteada una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto al tipo de gravamen autonómico aplicado en este tributo, con un impacto estimado de hasta 6.500 millones".
También menciona la AIREF el caso del "bono social eléctrico, cuya regulación dio paso a distintos recursos contencioso-administrativos cuyo importe no se cuantifica. No obstante, en 2022 ya se imputaron 366 millones a las arcas públicas por esta cuestión".