Tras hundir el alquiler de larga duración con políticas intervencionistas y otras que ahondan en la impunidad okupa, el Gobierno de Pedro Sánchez trata ahora de echar balones fuera y buscar otro culpable. En este afán, el Ejecutivo ha decidido esta semana poner el foco en los alquileres turísticos con dos medidas que podrían suponer el golpe definitivo al sector.
De un lado, el Ministerio de Consumo ha deslizado que baraja introducir el IVA en este tipo de actividad. De otro, y esto es lo que más preocupa a los propietarios, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha aplaudido la "valentía" del alcalde de Barcelona al prohibir los pisos turísticos, al tiempo que ha reconocido que el Gobierno ya se plantea modificar la Ley de Propiedad Horizontal para que los vecinos puedan vetar este tipo de alquileres en sus respectivas comunidades.
"A nosotros, como sector afectado, no se nos ha comunicado nada. Solo sabemos lo que ha salido en prensa", se queja Miguel Ángel Sotillos, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), quien exige, en todo caso, "seguridad jurídica para lo ya existente y unas reglas claras para todos". En este sentido, recuerda que hoy en día ya se pueden vetar este tipo de pisos si hay unanimidad. La pregunta que se hacen, por tanto, es si lo que pretende el Gobierno es plantear que este veto pueda imponerse con el apoyo de tres quintos de los vecinos, una mayoría rebajada que actualmente se contempla para aprobar ciertas limitaciones, pero nunca para prohibir.
Sea como fuere, Sotillos advierte de que, si se quieren cambiar las reglas de juego, ha de hacerse "con datos contrastados y no en base a datos partidistas o a sensaciones u opiniones sesgadas, que es lo que parece que está primando cuando se impone el discurso de que no hay vivienda de alquiler de larga duración por culpa de las viviendas turísticas". Así, insiste en que "la realidad es que, si no hay alquileres, es gracias a unas leyes que permiten que, si alguien te deja de pagar, tardes dos años, como mínimo, en recuperar tu casa".
Datos que hablan por sí solos
Partiendo de esta premisa, el presidente de Fevitur plantea, además, otras importantes cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar, recuerda que, según las estadísticas, "el 80% de las viviendas que están destinadas a uso turístico son segundas residencias de propietarios particulares" y "muchas de ellas, sobre todo en costa, nunca se destinarían al alquiler de larga duración porque hay épocas del año en las que las utilizas tú".
Por otro lado, Sotillos insiste en que los pisos turísticos son "la salida económica de muchos pueblos y ciudades de España en los que, además, no hay otra tipología de alojamiento". Así, explica que, aunque a la hora de abordar este debate, se suela pensar en Barcelona o Madrid capital, "hay muchos otros lugares donde no hay una pensión ni un hotel y, por tanto, el único sitio donde te puedes alojar es en una vivienda uso turístico". Pero, es más, incluso en la ciudad condal, la desaparición de este tipo de pisos puede ser un problema: "Barcelona opta a montón de actividades internacionales a las que acuden una gran cantidad de turistas y la capacidad hotelera no es suficiente para poder sostenerla".
El ejemplo de Cataluña le sirve, además, para defender que ni la falta de vivienda ni la subida de precios son culpa de los pisos turísticos. "Hace 10 años que Barcelona congeló la concesión de nuevas licencias y, en este tiempo, ha caído en torno al 8% el número de apartamentos de uso turístico en la capital. Y, aun así, la falta de vivienda y el precio medio ha subido igual o más que la media española, así que de esto podemos inferir que el problema no es de los pisos turísticos".
Lo mismo sucede con la turismofobia. "Se nos ha utilizado como chivo expiatorio de la falta de vivienda y luego esta falta de vivienda se ha utilizado para arengar al público en general contra las viviendas de uso turístico, pero actualmente estas viviendas tan solo representan un 30% de la capacidad alojativa de España", explica el presidente de Fevitur. Además, en el caso de Cataluña, por ejemplo, se da la circunstancia de que la mitad de los usuarios, concretamente un 53,9%, proviene de la misma comunidad autónoma, tal y como constata el último Observatorio de la vivienda de uso turístico en la región.
El impacto económico
Capítulo aparte merece el impacto económico que tendría la prohibición. Sotillos recuerda que los pisos turísticos generan 20.388 millones de euros al año, de los que "sólo el 19,1% corresponde al alquiler propiamente dicho; el resto serían otros gastos como restauración, servicios, ocio, excursiones, compras, etc.". Es decir, que se trata de una actividad que genera un impacto "transversal", gracias al cual se mantienen miles de puestos de trabajo.
Además, según un informe de Fevitur publicado el año pasado, "el 63,1% de estas compras se realizaron en el barrio o en comercios de proximidad, llegando así a zonas que suelen quedar fuera de los circuitos turísticos habituales" y en las que a los empresarios hoteleros no les interesa invertir.
La vivienda siempre es vivienda
Por último, en pleno debate sobre la falta de alquileres de larga duración, Sotillos insiste en las ventajas que ofrecen los pisos turísticos respecto a los hoteles o a los negocios de bloques de apartamentos turísticos: "La vivienda de uso turístico sigue siendo vivienda, sobre todo si es una segunda vivienda que alquilas unos meses y otros los disfrutas tú, porque el día que dejes de ir, la venderás o la alquilarás a alguien para todo el año, mientras que cuando un edificio lo conviertes en apartamentos turísticos o le cambias el uso del suelo y lo conviertes en hotel, jamás volverá a ser vivienda".