Cepyme estima que reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales, tal y como propone la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tendrá un coste de 42.400 millones de euros para las pequeñas y medianas empresas y la economía de nuestro país. Un duro informe emitido por la asociación encargada de representar a las pymes españolas considera que una reforma de este tipo reducirá la productividad, la rentabilidad y los recursos organizativos del sector privado, con todo lo que ello supone.
El informe, titulado Impacto de la reducción de la jornada laboral en la pyme, toma como referencia el modelo de jornada laboral de 37,5 horas semanales que el gobierno de Pedro Sánchez quiere alcanzar el próximo año 2025. De este modo, la propuesta de Yolanda Díaz reduciría la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas, un descenso lineal del 6,25% que no llevaría aparejado el correspondiente ajuste a la baja de la remuneración. En la práctica, otro estudio publicado recientemente por Fedea estudia que los convenios colectivos han hecho que la jornada laboral semanal media se sitúe entre las 37 y las 38 horas de trabajo (1.700-1.752 horas anuales). Es por esto que la reducción efectiva sería menos pronunciada y, según Cepyme, se situaría en el 2,8%.
No podemos olvidar que la productividad de los trabajadores españoles sigue por debajo de los niveles alcanzados en 2019, antes de la pandemia. De hecho, el PIB por ocupado es ahora un 2,8% más bajo que al comienzo de la Administración Sánchez, circunstancia que nos sitúa a la par con los datos que alcanzaba nuestro país hace quince años, en 2009.
Partiendo de este diagnóstico, Cepyme advierte de la caída de la producción o el aumento de las horas extras que podrían darse como resultado de la norma propuesta por Yolanda Díaz. "El impacto será más difícil de procesar para las pequeñas empresas", añade el estudio, en el que se estima un coste directo de 11.800 millones derivado de un escenario en el que se seguirá remunerando una menor cantidad de trabajo.
A esta cifra, Cepyme le suma unos costes indirectos de 30.600 millones que se corresponde con la desaparición de horas dedicadas a la producción de bienes y servicios. El valor de esa producción perdida se sumaría al efecto directo de reducir jornada sin recortar salario, dando como resultado un golpe de 42.400 millones.
Otros problemas asociados
Cepyme considera que la norma acarrea también un mayor riesgo de conflictividad, una mayor dificultad para ordenar y asignar los recursos de las empresas, una creciente incertidumbre asociada a la necesidad de acometer el acople en el más corto plazo, un posible reto derivado de la proliferación de vacantes profesionales en diversos sectores de actividad, etc.
El informe destaca que, entre los 11,6 millones de asalariados afectados por convenios colectivos, solamente un 7,9% tiene pactadas jornadas de más de 39,5 horas semanales. Los sectores más afectados serían la hostelería, el comercio, las actividades inmobiliarias, la agricultura y la ganadería, las actividades profesionales y técnicas y el transporte, ramas de actividad en las que más del 80% de los asalariados tiene pactadas jornadas de más de 37,5 horas semanales.