Fedea le ha puesto cifras al agujero real de la Seguridad Social española - y las conclusiones de su ejercicio estimativo son ciertamente demoledoras. El cálculo en cuestión ha sido elaborado por un grupo de académicos de las Universidades de Alcalá de Henares, Barcelona y Valencia y concluye que el boquete contable del sistema de pensiones es tres veces más ancho de lo que sugieren los datos oficiales divulgados por el gobierno.
Carlos Vidal, J. Manuel Pérez-Salamero, Anne Garvey y Anna Castañer presentaron sus hallazgos en una jornada programada por Fedea y dedicada específicamente al sistema público de pensiones. Los investigadores han confluido en esta iniciativa porque "llevan mucho tiempo debatiendo acerca de las ventajas e inconvenientes relativos de los diversos indicadores que se utilizan para medir la salud financiera de los sistemas públicos de pensiones".
El informe advierte que la literatura económica ha puesto de relieve que los indicadores fiscales "tradicionales" no ofrecen una imagen completa de su situación financiera. Así, calcular por ejemplo la relación entre los ingresos y gastos que tiene la Seguridad Social cada año (el déficit o superávit del sistema) puede servirnos como foto fija de la situación en un ejercicio concreto, pero no nos dice gran cosa sobre la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo y el impacto que tendrán mañana las promesas que se hicieron ayer y hoy.
En este sentido, y en línea con las recomendaciones que han venido haciendo expertos como José Piñera, "una herramienta complementaria a la que se está prestando cada vez más atención a la hora de valorar la solvencia de los sistemas de pensiones es el llamado balance actuarial (BA). Se trata del cálculo de un estado financiero que refleja por un lado el pasivo del sistema de pensiones, entendiendo como tal los derechos adquiridos por los cotizantes y pensionistas en una fecha determinada, y presenta por otro lado los activos (financieros y, en particular, de flujo de ingresos por cotizaciones) que respaldan el pago y cumplimiento de las obligaciones vinculadas a dichos pasivos".
Esta perspectiva "ha sido validada por la Unión Europea, que desde 2017 exige que todos sus países miembros publiquen un cuadro popularmente conocido como la Tabla 29 en el que se recoge el valor devengado de sus pasivos por pensiones hasta una fecha de referencia, utilizando un método actuarial estándar y algunas hipótesis comunes". Pues bien, partiendo de la última versión disponible de la Tabla 29 para España, la de 2021, publicada recientemente por el INE, el trabajo publicado por Fedea ha desarrollado los pasos detallados que deben seguirse para obtener el balance actuarial y la cuenta de resultados de nuestro sistema público de pensiones.
Los resultados preliminares de los cálculos que hacen los autores son los siguientes:
- Los pasivos por pensiones del sistema público de pensiones en España a finales de 2021, y sin incluir el régimen de clases pasivas, ascendían a 5,46 veces el PIB de dicho ejercicio.
- El valor razonable de los activos financieros y por cotizaciones (estimado de acuerdo con el llamado método sueco) atribuibles al sistema era entonces de 3,42 veces el PIB de 2021.
- Por lo tanto, al restar los pasivos (5,46x) a los activos (3,42x) el patrimonio neto negativo (o "agujero" del sistema de pensiones) alcanza la cifra de 2,04 veces el PIB de 2021, es decir, alrededor de 2,49 billones de euros.
Aplicar la misma metodología contable que el sector privado
Pero hay que ir más allá. No en vano, "la normativa que se aplica en Estados Unidos (GASB 67/68) y Europa (IAS-19) a las empresas promotoras de planes de pensiones de prestación definida establece que el patrimonio neto negativo de los fondos de pensiones debe incorporarse en los estados financieros de las empresas promotoras".
Por analogía, los autores del estudio proponen que "el "agujero" del sistema público de pensiones adeudado a los cotizantes actuales y a los pensionistas se trata de forma similar, dado que las deudas netas por pensiones son una forma de deuda pública que se corresponden con derechos adquiridos que son muy difíciles de negociar, la deuda "real" de España ascendería a 3,21 veces el PIB".
Es decir: que si se mide la situación contable de la Seguridad Social con términos actuariales y empleando el mismo método de contabilidad aplicado al sector privado, el agujero sube de 2,04 a 3,21 veces el PIB. Por tanto, con los datos del PIB de 2021 encima de la mesa, este cálculo quiere decir que el "agujero" total del sector público y la Seguridad Social es de aproximadamente 3,91 billones de euros (es decir, 3,21 veces el PIB).
Además, pese a las optimistas previsiones del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, el informe considera que "es poco probable que la reforma del sistema de pensiones llevada a cabo en el periodo 2020-2023 reduzca el creciente déficit contributivo observado en los últimos años".
Por lo tanto, no sorprende que los autores concluyan que el sistema de Seguridad Social "tiene una situación de solvencia muy deteriorada, con un patrimonio neto negativo muy elevado, lo que significa que su carga se está trasladando a las generaciones futuras". En su opinión, "es urgente que nuestra clase política comience a tomarse en serio el agujero del sistema de pensiones y a tomar medidas correctivas".
Cabe recordar que el informe del Día de la Deuda publicado por el Instituto Juan de Mariana en noviembre de 2023 situó a España como el país de Europa con un mayor agujero en su sistema de pensiones cuando se analizan los flujos anuales en términos de caja. Si a esto le sumamos la perspectiva de largo plazo que ahora aporta Fedea, el panorama de futuro no puede ser más sombrío.