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Al Gobierno no le salen las cuentas de las pensiones: el retraso voluntario de la jubilación no reduce el gasto

El gran objetivo de Escrivá, que trabajemos más años, sí se está cumpliendo. Pero eso no alivia, por ahora, las cuentas de la Seguridad Social.

El gran objetivo de Escrivá, que trabajemos más años, sí se está cumpliendo. Pero eso no alivia, por ahora, las cuentas de la Seguridad Social.
La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, durante un acto, este lunes, en Madrid. | EFE

Jubilarnos más tarde no es sinónimo de ahorro para las pensiones. Sí, puede serlo, si la medida es obligatoria y asociada a un recorte; y la reforma de 2011 fue una buena muestra. Pero las iniciativas puestas en marcha en los últimos años para desincentivar la jubilación anticipada y hacer más atractiva la demorada no están teniendo el efecto deseado. Están logrando lo que se pretendía en cuanto a la permanencia en el mercado laboral de los mayores, pero no en cuanto a reducir las obligaciones de la Seguridad Social. Lo que ganas por un lado (más años cotizando, menos años cobrando pensión) lo pierdes por el otro (prestación mensual más elevada).

Como ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá lo tenía muy claro: la mejor reforma de las pensiones es la que tiene que ver con la edad de jubilación. La idea parece sencilla y fácil de entender: si reducimos el porcentaje de jubilaciones anticipadas (que en España ha sido muy elevado hasta hace unos años) y elevamos el número de los que trabajan más allá de la edad de jubilación (ya sea ésta de 65 o 67 años, en función de los años cotizados), conseguiremos un importante ahorro en la nómina de las pensiones. Un ahorro, además, que vendría por una doble vía: menos pensionistas y más cotizantes.

Este planteamiento es tan importante que podríamos decir que fue la razón fundamental que el Gobierno puso sobre la mesa para no hacer más cambios en el sistema de pensiones en la parte de los gastos (sí hubo cambios, y muy importantes, en los ingresos, con nuevos impuestos). A pesar de la presión de Bruselas, el Gobierno se mantuvo firme y no aprobó ninguna reforma sustancial en lo que hace referencia a las prestaciones de la Seguridad Social. Lo habían hecho tanto los ejecutivos de José Luis Rodríguez Zapatero (reforma de 2011, que ampliaba el período de cálculo y subía la edad de jubilación de los 65 a los 67 años); y Mariano Rajoy (reforma de 2013, con el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones). En ambos casos, hablamos de recortes sustanciales para los nuevos pensionistas, que veían cómo cobraban menos de lo que habría cobrado con las reglas anteriores.

Escrivá, en cambio, nos dijo que no sería necesario. Que con el retraso en la edad de jubilación sería suficiente. Y no un retraso como el de 2011, que era un recorte evidente: nos hacían trabajar dos años más para cobrar lo mismo. Sino un retraso voluntario: se incentivarían las jubilaciones demoradas y se penalizarían las anticipadas, con el objetivo de que trabajásemos más años. Con esto y las subidas de impuestos encubiertas, que querían hacer pasar como si fueran parte de las cotizaciones (Cuota de Solidaridad, Mecanismo de Equidad Intergeneracional, subida de las bases máximas, cambios en la cotización de los autónomos...) sería suficiente para equilibrar las cuentas del sistema. El problema es que, como decimos, ese alargamiento del período laboral de forma voluntaria tenía que venir de la mano de incentivos en forma de pensiones más elevadas. Y lo que se ahorra por el menor número de pensionista, se compensa casi en su totalidad por las prestaciones más elevadas que tienes que ofrecerles. Elma Saiz, sucesora de Escrivá al frente de la cartera de Seguridad Social, tendrá que hacer muchos números si quiere cuadrar las cuentas. Lo que su predecesor creía que sería una solución importante y poco dolorosa, parece que no tiene apenas efectos en el equilibrio presupuestario.

Más tarde, mismo gasto

Esta semana, Fedea presentaba el documento "Primeras valoraciones de los efectos de la Ley 21/2021 sobre la jubilación anticipada y demorada e implicaciones para el gasto en pensiones", elaborado por el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social (Enrique y Mar Devesa, Inmaculada Domínguez, Borja Encinas y Robert Meneu). Sus principales conclusiones son las siguientes:

- Nos jubilamos más tarde. Esto es consecuencia de los incentivos planteados por el ministro Escrivá, pero también del desarrollo paulatino de la reforma de 2011:

En los dos primeros años de aplicación de la Ley 21/2021, se ha producido un aumento de la edad efectiva de jubilación. En parte, ello se ha debido al aumento de la edad legal que viene produciéndose desde 2013 como resultado de la Ley 27/2011, pero otra parte del aumento de la edad efectiva se debe a los cambios de la Ley 21/2021: modificación de los coeficientes reductores por jubilación anticipada voluntaria y cambios en la jubilación demorada (aplicación del porcentaje adicional del 4% anual en todos los casos y la opción por el cheque único).

El resultado es que entre 2021 y 2023 ha aumentado la edad efectiva de jubilación de los 64,66 años a los 65,05 (casi cinco meses, cuando la subida legal establecida en la reforma de 2011 para estos años era de sólo cuatro meses). Como vemos, sí es cierto que hay un incremento por encima de lo establecido en la reforma ya en marcha, pero tampoco ha supuesto un cambio radical en la tendencia de la última década.

- El efecto neto sobre el gasto en pensiones es mínimo. Es cierto que, como apuntan los autores, es complicado estimar lo que habría ocurrido sin esta ley (cómo habrían evolucionado las jubilaciones anticipadas y demoradas). Y que los apenas dos años que llevamos tampoco nos permiten sacar conclusiones definitivas. Pero lo visto hasta ahora sí nos apunta a que no deberíamos esperar demasiado por aquí:

El aumento de la edad efectiva va acompañado de un aumento de la pensión media al aplicar menores penalizaciones por jubilación anticipada y mayores bonificaciones por jubilación demorada, por lo que el aumento de la edad efectiva y, por tanto, menos años de cobro de la pensión, y el aumento de la pensión media tienen efectos de distinto signo sobre el gasto en pensiones y el efecto total es difícil de precisar. Nuestros cálculos estiman en -0,02 p.p. la variación de la ratio gasto/PIB en caso de aumentar un año la edad efectiva de jubilación sin incrementar la edad legal y si el PIB se mantiene constante y -0,22 p.p. si el PIB aumenta un 2,2% como consecuencia de la mayor tasa de empleo de la población mayor. Este resultado está en línea con el del Banco de España y se sitúa entre los más optimistas del Ministerio y de la AIReF y el más pesimista de FEDEA.

Es decir, hablamos de un ahorro, en el mejor de los casos, del 0,2% del PIB, cuando el déficit real de la parte contributiva del sistema está en el 4,3% del PIB [El déficit oficial es del 0,6% porque tiene en cuenta transferencias del Estado e incluye ingresos no contributivos. Como hemos explicado en ocasiones, esto es arbitrario y depende de una pura definición política. Lo importante es la diferencia entre gasto comprometido en prestaciones e ingresos por cotizaciones. Ahí estamos entre el 3,8 y el 4,5% del PIB de descuadre; aquí y aquí dos estudios también de Fedea con las diferentes opciones que podemos plantear para este cálculo].

En resumen, lo que podríamos sacar del cambio en las jubilaciones demoradas/anticipadas es mínimo. Esto es lógico. Los trabajadores que tienen cerca los 65 años no son tontos. Tanto en lo que hace referencia a adelantar su retiro como a retrasarlo, evaluarán con cuidado las opciones a su disposición. Como también se lo pensarán mucho con las alternativas que el ministro Escrivá les planteó, como ese famoso cheque de hasta 12.000 euros a los que trabajen más de lo que les tocaría. En Fedea también han comenzado a analizar lo que están haciendo los jubilados y han visto que un 28% de los casos escogen cheque (el resto prefiere una pensión más elevada, de un 4% más de mensualidad por cada año extra cotizado). Según los autores, "un cálculo objetivo basado en una metodología financiero-fiscal-actuarial muestra que un 35,6% de los individuos no han elegido la mejor opción, lo que lleva a pensar que puede existir otro tipo de variables que ha influido en la decisión" (por ejemplo, que los que tienen peor salud escojan cheque, lo que minoraría las ganancias para el sistema de esta fórmula).

En cualquier caso, todo esto sólo confirma lo evidente. Para reducir de verdad el gasto en pensiones, la única alternativa válida son los recortes. O retraso obligatorio en la jubilación o cambio del período de cómputo o recorte en la pensión si sube la esperanza de vida. Es decir, medidas como las que se plantearon en 2011 y 2013. ¿Son impopulares? Sí. Pero son efectivas desde un punto de vista financiero. Lo otro suena bien (jubilación demorada voluntaria) pero tiene poco recorrido: los trabajadores sólo se sumarán al plan si les compensa; y si les compensa, es que la Seguridad Social no gana demasiado.

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