Yolanda Díaz necesita medallas políticas. Y ha decidido buscar una en una cartera que no paga su gobierno: la comida de los colegios públicos, que es competencia de los gobiernos autonómicos. Considera que la comida actual no llega al nivel necesario y que debe ser mas "saludable". Y que, por lo tanto, se tienen que gastar más dinero los gobiernos regionales en la comida de los alumnos.
El plan del partido de Yolanda Díaz para por, según la versión de Sumar, "impulsar una normativa básica que desarrolle lo estipulado en los artículos 40 y 41 de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición, para el fomento de una alimentación más saludable y sostenible en los centros educativos". En segundo lugar, quiere que "se promueva el consumo de productos frescos y saludables, de temporada, de proximidad o de canales cortos de distribución, impulsando la ingesta de verduras y legumbres y excluyendo los alimentos ultra procesados de los centros educativos".
También que se "se garantice, además, que las comidas servidas en centros educativos sean equilibradas y estén adaptadas a las necesidades nutricionales de cada grupo de edad, siendo supervisadas por titulados universitarios de Nutrición y Dietética"; que se establezcan "criterios nutricionales para restringir la venta de productos de alto contenido en calorías, azúcares, grasas y sal en cafeterías y máquinas de vending"; y que se "estipule un mínimo de alimentos de producción ecológica y priorizar la compra de alimentos en cuya producción se hayan respetado las normas de producción integrada y de bienestar animal y la de los productos alimenticios marinos y de la acuicultura más respetuosos con el medioambiente".
Escalada en los costes
Evidentemente, todo ello, lleva aparejada una escalada en el coste de la comida, subida que no aparece compensada por el Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz por ningún lado. La subida del coste debería quedar pagada desde las cuentas regionales.
"En las últimas décadas, la prevalencia de problemas de salud relacionados con la alimentación ha aumentado de manera alarmante entre la población infantil y juvenil. La obesidad, la diabetes tipo 2 y otras enfermedades crónicas se están convirtiendo en graves problemas de salud pública", señala el partido de Yolanda Díaz. La argumentación olvida recordar que la subida de los precios de los alimentos frescos sufrida durante el gobierno socialista y comunista ha sido uno de los grandes impulsores de este problema.
"En paralelo, el cambio climático y la degradación ambiental exigen una transformación general de nuestras prácticas de producción, distribución y consumo en el ámbito de la alimentación, y en particular del modelo imperante en los centros educativos", añaden los comunistas.
"Los comedores escolares desempeñan un papel fundamental en la nutrición y el desarrollo en la infancia y adolescencia, especialmente en el caso de las familias más vulnerables, quienes tienen un menor acceso a alimentos saludables. Es inaplazable garantizar que el entorno escolar y, en concreto, el comedor escolar, sea una herramienta clave para estimular, fomentar y educar a jóvenes, niños y niñas en patrones alimentarios saludables y sostenibles", explica Sumar. "Además, el comedor escolar también es fundamental como herramienta que fomenta la igualdad de oportunidades, alcanzando a todos los niveles socioeconómicos y, de esta manera, contribuyendo a reducir las desigualdades en salud, asegurando una alimentación variada, equilibrada y adaptada a las necesidades nutricionales de las primeras etapas de la vida con independencia del nivel de renta familiar".
El gasto recae en las CCAA
Eso sí, su incremento de gasto recae sobre las cuentas autonómicas, no sobre las del gobierno central en el que tiene su vicepresidencia Yolanda Díaz.
"De esta forma, se propone garantizar que toda la alimentación dispensada por los centros educativos sea saludable y asegurar que los menús escolares sean completos, variados y equilibrados, cumpliendo con los criterios nutricionales de la Organización Mundial de la Salud y una base de criterios medioambientales para favorecer un modelo de alimentación más saludable, sostenible y equitativo", concluye. Eso sí, pagados los productos ecológicos desde los gobierno regionales.