El Ayuntamiento de Madrid, bajo la dirección de José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado otra medida antiturismo: la prohibición de transformar locales comerciales en pisos para alquiler vacacional.
La idea es que estos locales puedan transformarse a uso residencial siempre que no estén ubicados en ejes comerciales, algo que también supone una traba y que perjudica el aumento de la oferta residencial. Quiere que esta normativa entre en vigor en junio de 2025. Según el propio alcalde, "es una tramitación compleja desde el punto de vista administrativo y al mismo tiempo tiene que someterse a la aprobación ulterior de la Comunidad de Madrid. Por tanto, nosotros confiamos que en el mes de junio", ha precisado, a la vez que ha insistido en que el Consistorio tiene "tolerancia cero" con las viviendas ilegales. Cabe recordar que Almeida ya ha paralizado las licencias de pisos turísticos en toda la ciudad.
Esta decisión generará un impacto negativo en los propietarios de locales comerciales, quienes ven limitadas sus opciones de uso en un mercado inmobiliario ya de por sí tensionado. Además, la transformación de estos locales en viviendas turísticas que quiere prohibir Almeida también se considera una forma de aumentar la oferta de vivienda, lo que podría ayudar a moderar los precios.
Esta prohibición se produce en un contexto de creciente debate sobre el impacto de los pisos turísticos en el mercado de vivienda. La medida se enmarca en un esfuerzo del Ayuntamiento de Madrid por regular el mercado inmobiliario y "proteger a los residentes", pero pone de manifiesto las contradicciones en la gestión del problema y su parecido con las políticas de las lideres "comunistas" como Carmena o Ada Colau.
De hecho, Almeida ha criticado que Maestre lance un mensaje basado en la "turismofobia muy propio de la izquierda radical. La misma turismofobia de Ada Colau en Barcelona es la turismofobia de Rita Maestre en la ciudad de Madrid. En Madrid no queremos Adas Colaus, y Rita Maestre está patrocinando ese modelo".
Aun así, esta nueva medida de Almeida, continúa la línea de políticas restrictivas que ha implementado contra los pisos turísticos, como el establecimiento de una moratoria de licencias de apartamentos turísticos. El alcalde lleva un tiempo siguiendo los ejemplos de Ada Colau en Barcelona o Manuela Carmena en Madrid, quienes ya habían aplicado medidas similares. Esta estrategia castiga injustamente a los propietarios y no aborda de manera efectiva las causas reales de la crisis de vivienda.
Decisiones como las del Ayuntamiento de la capital se suman a la creciente ofensiva del Gobierno contra los pisos turísticos. Recientemente, Sumar, el socio minoritario del Gobierno, ha propuesto una subida del IVA del 21% a los pisos turísticos, superior al que pagan los hoteles, argumentando que las "externalidades negativas" de estos alojamientos justifican esta medida.
Para mas inri, el Gobierno está trabajando para presentar una enmienda que "empodere" a los vecinos de los bloques donde haya pisos turísticos. La medida consiste en que los nuevos pisos turísticos necesitarán la autorización de tres quintas partes de los vecinos para poder llevarse a cabo el cambio.
Este nuevo golpe a los pisos turísticos se enmarca en una creciente corriente turismofóbica. El sector turístico, que representa un 13% del PIB y del empleo en España, ha expresado su hartazgo por los ataques constantes y la falta de apoyo gubernamental. Carlos Abella, Secretario General de la Mesa del Turismo, ha advertido que estos ataques no solo dañan la reputación del país, sino que también podrían tener consecuencias devastadoras para la economía.