La parte más comunista del Gobierno ha pasado ya, directamente, a uno de los capítulos de la fase dos de la Venezuela de Hugo Chávez: cuando se decidió al control de la energía en el país. Pues bien, desde Sumar deben dar por hecho el control de la Justicia y los medios, porque han pasado a pedir la creación de una empresa pública para la "gestión pública de las centrales hidroeléctricas".
El plan ha sido registrado en el Congreso de los Diputados por escrito. Y recoge todo un elenco de sueños comunistas. En primer lugar, el partido de Yolanda Díaz reclama a su propio Gobierno "elaborar un informe sobre la situación de las concesiones sobre el dominio público hidráulico existentes que delimite y clarifique los diferentes vencimientos de estas, y que analice el cumplimiento de los términos de dichas concesiones".
¿Para qué? Está claro: para controlarlo. Porque quieren "crear una entidad pública empresarial, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, para la producción de energía eléctrica a través del uso privativo de las aguas, mediante la asunción de la gestión de las concesiones finalizadas del dominio público hidráulico. Podrá ser alcanzado el fin propuesto mediante un nuevo ente público o con la transformación de HUNOSA en esa nueva empresa pública de generación de energía, que podrá abrirse a la participación pública de las comunidades autónomas". De esa forma, las concesiones irían pasando paulatinamente al poder político. Toda una nacionalización paulatina.
Sumar quiere, además, "habilitar a esta entidad pública empresarial para desarrollar e invertir en nuevas instalaciones de producción de energía y para constituir sociedades, así como participar mayoritariamente en otras ya constituidas, para llevar a cabo la actividad de generación de energía, con el objetivo de revertir sus beneficios en la ciudadanía, contribuyendo a la restitución económica y social de los municipios afectados por las instalaciones hidroeléctricas, en proporción a la generación producida en cada territorio".
Por último, los comunistas reclaman "modificar el articulado del texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, para poder alcanzar los objetivos incluidos en esta proposición no de Ley".
Y, todo ello, porque "el sector energético es estratégico para el desarrollo de una vida digna de las personas y es un elemento clave para la industria. Es necesario que los suministros energéticos tengan un precio asequible para una vida digna para lo cual es indispensable abordar de manera adecuada la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones hayan vencido o venzan en el futuro". Y, según Sumar, eso se consigue acabando con la competencia y generando un monopolio público y político: "Una gestión pública de la generación eléctrica es indispensable para la soberanía energética, revirtiendo al Estado parte de los beneficios obtenidos en el sector energético y abriendo la puerta a una lógica en la que premie el bienestar social respecto a la maximización de beneficios económicos".