En los últimos años, España ha incumplido más de 25 laudos internacionales, acumulando una deuda de 1.560 millones de euros en indemnizaciones por la retirada retroactiva de las primas renovables. Además, estos impagos han generado sobrecostes legales y financieros que suman más de 315 millones de euros. Este panorama de incumplimientos ha causado un daño económico a nivel nacional valorado en más de 7.340 millones de euros, debido a la inseguridad jurídica que ha generado.
Afectados por estos impagos, varios inversores han solicitado el embargo de activos financieros e inmobiliarios del Reino de España en tribunales de Reino Unido, Bélgica, Australia y Estados Unidos. El pasado 10 de julio, la justicia belga decidió ordenar la intervención de una cuenta bancaria del ente público Enaire, accionista mayoritario de Aena. Este organismo recibe pagos mensuales de Eurocontrol por los servicios de gestión y manejo del tráfico aéreo en el espacio aéreo europeo. La empresa denunciante, Blasket Renewable Investments, una compañía estadounidense, es parte de los numerosos acreedores afectados por los impagos de España.
Según ha podido saber Libre Mercado, ayer día 23 de julio, Eurocontrol cumplió con la orden de la justicia belga e informó a Blasket Renewable Investments que el monto total sujeto a embargo asciende a 83.727.792,99 euros, de los cuales 79.987.601,52 euros corresponden a los pagos pendientes a Enaire por los servicios de gestión y manejo del tráfico aéreo en junio.
La orden de embargo seguirá vigente hasta que se resuelva la situación, lo que implica que los pagos futuros también podrían ser bloqueados mientras la controversia permanezca sin resolver. Se prevé que otros inversores afectados se sumen a estas acciones, ya que la justicia belga permite a otros acreedores unirse a la reclamación y beneficiarse de esta medida de protección.
"Ribera debe buscar soluciones"
Las empresas afectadas destacan que "el gobierno español tiene sobre la mesa una propuesta de resolución por parte de las empresas afectadas. La ministra Teresa Ribera ha mostrado reticencia a negociar una solución satisfactoria, lo que podría resultar en nuevos embargos y mantener la inseguridad jurídica. Esta situación no solo perjudica la inversión en energías verdes, sino que también amenaza la carrera política de Ribera en Europa, asociándola con este desastroso episodio. Los afectados instan a la ministra a reconsiderar su posición y facilitar una resolución que ponga fin a los impagos".
"Esta crisis subraya la necesidad de un marco legal claro y fiable para la inversión en energías renovables en España, y una solución rápida y justa es crucial para restaurar la confianza de los inversores y asegurar el desarrollo sostenible del sector", concluyen las compañías que han sufrido los impagos.