Hace meses que el Gobierno inició su particular cruzada contra los pisos turísticos amparándose en la "emergencia" habitacional que a juicio de la ministra Isabel Rodríguez se estaría produciendo en España. Sin embargo, sigue sin atajar los verdaderos problemas que apuntan todos los expertos: desde la excesiva regulación del mercado del alquiler, hasta la impunidad okupa a la que se enfrentan los propietarios, pasando por la falta de vivienda pública. Y lo que es más grave: no solo no hace sus propios deberes, sino que torpeda la labor de quienes, por el contrario, sí tratan de solucionar sus problemas.
Eso es precisamente lo que está haciendo con el Gobierno del PP en Baleares y su Ley de emergencia habitacional, derivada de un decreto aprobado por el equipo de Marga Prohens en 2023, gracias a la que ya se había proyectado un gran número de viviendas. "Sánchez amenaza la salida de 4.000 viviendas a precios limitados en Baleares", ha escrito este lunes la presidenta regional, tras recibir un informe del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, en el que se cuestiona la constitucionalidad de una ley que estaba llamada a solucionar buena parte del problema que existe en las islas, donde la falta de oferta y los altos precios que existen como consecuencia de esta situación complican las cosas a los residentes.
"Poner palos en las ruedas a las soluciones que estamos dando para hacer frente y cambiar el rumbo del principal problema de las Islas Baleares, como es la vivienda, supone una irresponsabilidad del Gobierno de España. Defenderemos nuestras políticas donde haga falta y continuaremos trabajando por el cambio en la situación de la vivienda", ha advertido Prohens.
La Ley de emergencia habitacional
El escrito del Gobierno alude a las disposiciones que recogen la posibilidad de reconvertir locales en vivienda de precio limitado, el incremento de alturas y el cambio de usos para aprovechar para vivienda terrenos destinados inicialmente a equipamientos públicos y privados. Según el ministerio que dirige Ángel Víctor Torres, dichas modificaciones no deberían emanar de una ley autonómica, sino que, en todo caso, debería ser cosa de los ayuntamientos, quienes podrían abordar dichas modificaciones dentro de sus respectivos planes urbanísticos.
Desde el Ejecutivo autonómico, sin embargo, se defienden alegando que eso supondría un importante retraso por los informes sectoriales y otros requerimientos que contempla la vía municipal. Por ello, entienden que una norma con rango legal es la única forma de atajar el problema con carácter urgente. "Esperar a la tramitación y aprobación de un instrumento de planeamiento es asumir que estas medidas no se podrán implantar", insisten desde la Consejería de Vivienda, donde subrayan que, además, la Ley "respeta la autonomía municipal" porque permite a los ayuntamientos adaptar su propia regulación.
Con todo, el Gobierno autonómico denuncia que la amenaza de inconstitucionalidad pone en riesgo la viabilidad de proyectos que sumarían, por ahora, unas 4.000 viviendas que ya se están planificando a través del despliegue de la Ley. Por eso, insisten en que la defenderán a capa y espada y confían en hacer entrar en razón a Moncloa en la comisión bilateral con el Ministerio que se abrirá antes de llegar al Tribunal Constitucional . "Frente al problema de la vivienda, el Gobierno Sánchez debe ayudar y no poner palos en las ruedas. Confiamos en llegar a un acuerdo", ha escrito en sus redes sociales el consejero de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo.