La estrategia del gobierno de Pedro Sánchez de proceder al impago de las 26 indemnizaciones decretadas por los tribunales internacionales de arbitraje se ha topado de bruces con la justicia de Estados Unidos, que se ha pronunciado en contra de las pretensiones de nuestro país y ha dictaminado que los afectados tienen pleno derecho a la hora de registrar estos lodos en suelo norteamericano.
Con esta decisión, emitida el pasado día 16 de agosto, el sistema judicial del país del Tío Sam abre la puerta a la aprobación de medidas de embargo e incautación de bienes, en caso de que España siga sin cumplir con el pago de las indemnizaciones pendientes.
Estas obligaciones suman 1562 millones de euros, así como otros 310 millones en concepto de sobre costes judiciales y financieros. Los denunciantes que han obtenido el visto bueno de la justicia estadounidense son NextEra, 9REN y Blasket, que reclaman cerca de 400 de los más de 1.800 millones que están en juego.
Este diario informó hace meses de la demoledora postura que habían exhibido los magistrados del país norteamericano en una audiencia celebrada el pasado mes de febrero. Lo que ya se intuyó en aquella vista oral cobra más sentido ahora que los magistrados norteamericanos ratifican que su país está obligado a reconocer los laudos y, de hecho, debe velar por su cumplimiento para salvaguardar la aplicación de diversos tratados internacionales, como el Convenio del CIADI o la Carta de la Energía.