España sigue incurriendo en el impago reiterado de los laudos que condenan a nuestro país por la retirada retroactiva de las primas renovables. Tal circunstancia afecta directamente a empresas que invirtieron más de 70.000 millones de euros en nuestro país y luego sufrieron un cambio inesperado en las reglas de juego que alteró por completo las condiciones bajo las cuales se canalizaban sus negocios en nuestro país.
Dichas empresas se encuentran ahora con que el Ejecutivo no les abona las compensaciones dictadas por los tribunales internacionales de arbitraje, con el consecuente perjuicio económico que esto supone. Hablamos de firmas globales como la alemana RWE, la francesa EDF o la estadounidense NextEra, puntas de lanza de una larga lista que aglutina a 26 acreedores.
Los impagos acumulados hasta la fecha suman 1.562 millones de euros, pero ascienden a más de 1.877 millones si se toman en cuenta los sobrecostes legales y financieros derivados de condenas en costas, intereses de demora y honorarios de consultores y abogados. Sin embargo, la decisión de impagar los laudos ya está golpeando directamente al Reino de España, que ha sufrido numerosos embargos por este motivo.
Empresas afectadas
El problema derivado de esta situación de incumplimientos reiterados se entiende mejor si nos ponemos en el lugar de las empresas españolas que han acudido a procedimientos de arbitraje para solucionar controversias referidas a sus inversiones en terceros países. En los últimos años, firmas como Abertis, BBVA, Naturgy, Repsol o Telefónica han activado estos procedimientos y han logrado subsanar situaciones adversas en mercados tan dispares como Algeria, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Perú o Venezuela.
Más recientemente, empresas como Aguas de Barcelona, Iberdrola, Isolux o Ibedrola han activado procedimientos similares para recuperar el dinero perdido en distintas controversias que implican a los gobiernos de otros países. A fecha de hoy, hay 17 empresas españolas pendientes de este tipo de arbitrajes, una lista que incluye a compañías como Enagás o Sacyr.
Estas empresas sufrirían un quebranto muy importante si los gobiernos de los países denunciados procediesen a actuar de la misma forma que España e incumpliesen sus obligaciones de pago. El caso de Abertis es ilustrativo, puesto que se vio afectada por una serie de controversias en Argentina que derivaron en una indemnización de 800 millones de dólares, así como en la ampliación de los plazos de explotación de sus concesiones de autopistas en el país del Cono Sur.
Por este motivo, las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables y por los impagos de las indemnizaciones decretadas en tribunales de arbitraje piden al gobierno de Pedro Sánchez que "cumpla sus obligaciones internacionales y se siente a negociar para buscar un acuerdo satisfactorio que permita resarcir el daño causado y pasar página". De lo contrario, los acreedores advierten que "no nos quedará otro remedio que seguir embargando bienes de España".