La auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo que acabamos de conocer pone en evidencia los fallos y problemas en la gestión de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del gobierno de Pedro Sánchez, algo que los datos de ejecución que proporciona la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) viene mostrando, mes tras mes, desde el año 2021.
Las conclusiones del informe son evidentes para nuestro país, con una desconexión entre desembolsos de fondos y su absorción efectiva, con múltiples obstáculos que han retrasado la ejecución de las inversiones y los grandes proyectos. El resultado es una gestión marcada por la ineficacia, la falta de transparencia y una creciente incertidumbre sobre el cumplimiento de los objetivos comprometidos con Bruselas.
La prefinanciación de los fondos del MRR se diseñó para proporcionar liquidez inmediata a los estados miembros y permitirles iniciar rápidamente sus planes nacionales de recuperación. Para España fue un espejismo. El hecho de que la prefinanciación no estuviera directamente vinculada al cumplimiento de hitos y objetivos específicos provocó la primera desconexión entre desembolsos y absorción real de fondos. Hasta 2022 no se observaron las primeras llegadas de fondos a los perceptores finales y no se tradujo en avances tangibles en las inversiones previstas.
Son varios los factores que han contribuido a los retrasos en la absorción de los fondos del MRR en España. Algunos son de origen externo, para los que el Gobierno de Sánchez no ha sabido dar respuesta. A modo de ejemplo, el informe señala que la inflación y el encarecimiento de materias primas han provocado una demanda más baja en los proyectos de renovación de viviendas, lo que llevó a la necesidad de aplazar y reducir los objetivos iniciales de 510.000 a 410.000 viviendas.
La interrupción de las cadenas de suministro globales también generó una escasez de materiales necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura, agravando aún más los retrasos. Estos problemas, que podrían haber sido mitigados con una mejor planificación y una gestión más ágil, han mostrado la incapacidad del gobierno de Sánchez para adaptarse eficazmente a un entorno económico cambiante.
El informe señala que se ha subestimado el tiempo necesario para ejecutar las medidas incluidas en los planes nacionales de recuperación. En el caso de España, estos problemas se han visto exacerbados por un obstáculo insalvable: una capacidad administrativa limitada insertada en un proceso de ejecución cargado de burocracia. España queda señalada por su incapacidad para modernizar la administración pública o mejorar su marco de contratación pública.
Además, el gobierno no ha mostrado interés en coordinarse de manera adecuada con los diferentes niveles de la Administración, en una cogobernanza inexistente fruto de la unilateralidad e intervencionismo que impregna toda la acción política que emana de Sánchez. Se añade a la mala praxis en la gestión una falta de personal especializado. Esto ha sido un problema recurrente, afectando a la velocidad y eficiencia en la ejecución de los proyectos financiados por el MRR.
Tres años y medio después y a pesar de los intentos por reforzar la capacidad administrativa, los problemas persisten, lo que pone en riesgo no solo la ejecución de los proyectos actuales, sino también la posibilidad de acceder a futuros programas de fondos europeos si este problema estructural de eficiencia de la Administración Pública no se resuelve.
El informe también aborda el impacto de las modificaciones solicitadas por los Estados miembros en sus planes nacionales. En el caso de España, se han propuesto tantas modificaciones a la baja, primero con la Adenda y posteriormente en la negociación del cuarto desembolso, que resulta difícil esclarecer si se trata de una solución o una trampa más. Sin embargo, lo que sí sabemos es que el impacto de estas modificaciones en la absorción de los fondos no es claro, ni transparente.
Estas modificaciones, aunque aprobadas por la Comisión Europea, generan incertidumbre sobre la capacidad de nuestro país para cumplir con los objetivos revisados dentro del nuevo marco temporal. La reducción de la ambición de los objetivos y la eliminación de algunas medidas no solo limitan la utilización de los fondos europeos disponibles, sino que también pueden traducirse en una menor contribución al crecimiento económico.
Para Sánchez la opacidad es la norma. No se ha proporcionado información detallada sobre el impacto de las modificaciones en la absorción de los fondos, en ningún momento ha sido ofrecida a la opinión pública. Este ejercicio de opacidad socava la confianza de los ciudadanos en su gobierno y plantea serias dudas sobre la responsabilidad y la rendición de cuentas del ejecutivo que preside Sánchez.
Es un signo más de una administración que parece más preocupada por cumplir con mínimos procedimentales que por asegurar que los recursos europeos se utilicen de manera eficaz y eficiente. De nuevo, esta actitud no solo compromete la ejecución del programa NextGen, sino que también pone en riesgo futuras financiaciones de la Unión Europea, ya que la falta de cumplimiento de los hitos y objetivos podría llevar a una postura más restrictiva por parte de la Comisión en el futuro.
El informe del Tribunal de Cuentas Europeo concluye con una advertencia sobre los riesgos que podrían comprometer la absorción de los fondos y la finalización de las inversiones antes del plazo límite de agosto de 2026. Estos riesgos incluyen la creciente complejidad de los hitos y objetivos restantes, el tiempo limitado para su cumplimiento y la dependencia de factores externos, como el contexto geopolítico o la respuesta del mercado a las inversiones y reformas propuestas en los planes de recuperación.
Para España, estos riesgos son particularmente preocupantes. A medida que avanza la implementación del MRR, los hitos y objetivos que quedan por alcanzar son cada vez más complejos y difíciles de lograr. Las inversiones sustituyen a las reformas para desbloquear futuros desembolsos, sin la suficiente capacidad para hacer progresar los grandes proyectos de inversión.
El informe del Tribunal de Cuentas Europeo desnuda la gestión de los fondos europeos del MRR por parte del gobierno de Pedro Sánchez, evidencia una serie de problemas estructurales, económicos y administrativos que han retrasado y complicado la absorción de unos recursos vitales para nuestro país. La desconexión entre el desembolso de los fondos y su utilización efectiva, la incapacidad para adaptarse a un entorno económico desafiante y la falta de transparencia en la gestión son indicativos de un gobierno que no ha estado a la altura de las circunstancias.
El futuro de la financiación europea para España está en juego y el coste de una mala gestión podría ser demasiado alto para nuestro país. Es necesario un cambio profundo en la manera en que se gestionan estos fondos, con una mayor transparencia, una mejor coordinación. En definitiva, lo que se necesita es un gobierno más eficiente y mucho más responsable para garantizar que no estemos ante una nueva oportunidad perdida.