La parte más comunista del Gobierno sigue con su ataque a la libertad empresarial. Y, en esta ocasión, su ataque parece tener nombres y apellidos: Repsol. La compañía energética ha mostrado públicamente su opinión sobre el desafío a la productividad y a la generación de riqueza y empleo que supone la exageración de los mantras ecologistas a la que asistimos. Y el Gobierno, impulsor pleno de esos mismo mantras, ha tomado nota: quiere hasta régimen sancionador contra compañías como Repsol.
Todo ello se ha plasmado en un documento registrado ya oficialmente en el Congreso de los Diputados. Lleva la firma de Sumar y reclama "establecer, a través de la nueva normativa impulsada, un método ágil, efectivo y con respuesta rápida para que las empresas puedan comprobar, a través de los verificadores asignados, si su alegación medioambiental se ajusta a los parámetros establecidos por la normativa, especialmente para que las pequeñas empresas puedan resultar beneficiadas en la correcta información que dan a través del etiquetado de sus productos".
El plan añade, además, castigos. Y es que exige "impulsar un régimen sancionador en la nueva Ley de Consumo Sostenible que sea eficiente en cuanto a la disuasión para las prácticas de greenwashing, con la finalidad que a las grandes empresas no les compense esta práctica desleal en cuanto a beneficios en relación a la multa impuesta".
La idea parte de los comunistas de Sumar. Y señalan que "el greenwashing o blanqueo ecológico se ha convertido en una mala praxis habitual de muchas empresas que buscan vender sus productos o servicios a través de mensajes exagerados o falsos sobre los beneficios medioambientales. Esta táctica comercial se utiliza precisamente por el progresivo aumento social en cuanto a la preocupación por el cambio climático".
Sumar, de hecho, no ha ocultado nunca sus quejas por el discurso de Josu Jon Imaz al frente de Repsol, que ha descrito algunas de las locuras normativas que se han impulsado, tanto desde las autoridades españolas como comunitarias, en materia de ecologismo radical.
Sumar añade en su documentación que "entre otras prácticas, se considera greenwashing la ambigüedad en las afirmaciones, sin especificar por qué es respetuoso con el medio ambiente o sostenible; el uso excesivo de palabras, como puede ser «natural»; la introducción de información que es irrelevante porque todos los productos de esas características ya lo conllevan, como decir que el envase de vidrio es reciclable; o la compensación oculta, destacando una ventaja medioambiental, pero ocultando otras que sí son perjudiciales". Según los comunistas, "esto no sólo resulta engañoso para el consumidor, sino que perjudica a otras empresas que sí cumplen con la sostenibilidad ambiental, produciendo así una práctica desleal y una desconfianza que va en aumento en cuanto a las comunicaciones sobre medio ambiente en los productos".