Mientras el Gobierno sigue negando el gran problema que existe en España con la okupación, las empresas que se encargan de echar a los delincuentes sin necesidad de esperar a la vía judicial no dejan de proliferar. La más conocida es probablemente Desokupa, liderada por el polémico Dani Esteve. Sin embargo, no es la única. En los últimos días, Serviokupas ha copado numerosos titulares, tras culminar con éxito el desalojo de 12 viviendas de alquiler de El Cañaveral que habían sido asaltadas por 60 inmigrantes ilegales.
"Yo no debería haber sido el protagonista de esta noticia, ya que la Policía debería haber actuado en consecuencia", advierte su gerente, Alberto Cuesta. Sin embargo, lo sucedido en este barrio de la capital, es solo la punta del iceberg: "Hemos atendido miles y miles de casos desde que empezamos en este sector". Sus inicios se remontan a 2019, justo antes de la pandemia del coronavirus que introdujo, además, una nueva modalidad: la temida inquiokupación, que protagonizan aquellos inquilinos que dejan de pagar y se niegan a abandonar la vivienda, escudándose, en muchos casos, en una falsa vulnerabilidad para la que el Gobierno ha proporcionado una coarta perfecta con el polémico decreto antidesahucios.
La pasividad del Gobierno
"Yo lo tengo muy claro: las empresas de desokupación tienen éxito por el fracaso de la Policía, ya que están amedrentados y coaccionados por el Gobierno, no les dejan actuar", concluye Cuesta, que denuncia tanto dicho decreto como los largos plazos que actualmente tienen que soportar los propietarios para recuperar su legítima vivienda. "Lo primero que hay que hacer es acortar los plazos, porque si yo alquilo una vivienda y sé que, si me dejan de pagar, voy a tardar año y medio mínimo de procedimiento judicial para recuperarla, lo que hago es dejarla cerrada. Y eso es algo que ya está pasando. Las están dejando cerradas por el miedo que tienen los propietarios al sistema judicial", ha advertido en una entrevista concedida a La Trinchera de esRadio.
Al mismo tiempo, Cuesta denuncia la "expropiación" que el mencionado decreto antidesahucios estaría imponiendo a los legítimos propietarios, al obligarles a mantener a sus okupas en cuanto alegan una supuesta vulnerabilidad. "Actualmente, se está renovando anualmente y está garantizado hasta 2025, pero yo tengo claro que lo van a renovar al 2026 y así sucesivamente. Es decir, que para mí es una expropiación de vivienda privada por parte del Gobierno", sentencia el gerente de Serviokupas. "Y yo diría que más que expropiación es directamente un robo, porque en la expropiación por lo menos te pagan un justiprecio y aquí, ni eso", matizaba el director de La Trinchera, Manuel Llamas.
El desalojo de El Cañaveral
Con todo, cada vez son más los ciudadanos que deciden recurrir a empresas como esta para tratar de recuperar su vivienda sin necesidad de esperar a los dos años que de media se demoran los procesos judiciales: "Es una auténtica locura lo que tenemos en este país a día de hoy". Entre sus últimos clientes, destaca precisamente la propietaria de "Living Cañaveral", el edificio de viviendas de alquiler que fue asaltado hace dos semanas por un nutrido grupo de 60 okupas, entre los que también había menores.
Tras interponer la denuncia correspondiente, la Policía se personó en la zona. Si entienden que están ante un delito flagrante, pueden echarles de inmediato. Sin embargo, interpretaron que existía una morada constituida por parte de los delincuentes y, por tanto, concluyeron que no podían echarles sin que el juez tomase las riendas. "Y no es así, porque una persona que entra a la fuerza en un inmueble y se mantiene en el interior sin ningún tipo de enser, sin ningún tipo de habitabilidad, lo que tiene es una disposición, porque lógicamente ha forzado una cerradura y se ha hecho con la llave, pero eso no es una morada constituida", insiste Cuesta.
Aun así, los agentes optaron por dejarlo en manos de la Justicia. "Por lo tanto, en el momento en el que el propietario se dio cuenta de que la Policía no iba a hacer nada y que esto iba a demorar un año o año y medio en el juzgado como mínimo, pues, lógicamente, a las 24 horas nos contrató para hacer las labores de intermediación, que tuvieron sus frutos: el primer día recuerdo que recuperamos ocho viviendas, el segundo día recuperamos otras dos y el tercer día, las otras dos restantes; todo de forma legal, todo documentado por escrito y prácticamente en un tiempo récord".
Según defiende, ni la empresa les pagó absolutamente nada ni usaron la violencia en ningún momento: "Me entrevisté con cada uno de los ocupantes, me percaté de la situación de carácter irregular en el territorio nacional y se lo dejé muy claro: que nosotros íbamos a trabajar para recuperar la vivienda, pero que cualquier acción judicial que tuviera repercusión a la hora de acceder a un documento de residencia en España, si no llegábamos a ningún entendimiento, lógicamente la íbamos a ejercer", explica el gerente de Serviokupas, que asegura que, tras horas de reflexión, accedieron a entregarles la vivienda voluntariamente. "Por nuestra parte, la empresa lo único que proporcionó fue un transporte para trasladar las cuatro maletas que tenían a otros domicilios", aclara.
Éxito garantizado
Según defiende, su porcentaje de éxito es de "100% en contrato", ya que usan cualquier acción para recuperar la vivienda. "Nuestra empresa usa la vía de la intermediación y, paralelamente, el cliente también tiene cubierta cualquier acción judicial si la intermediación no es fructuosa".
A aquellos que les llaman una vez que el proceso ya está juidicializado les advierte de que su tasa de éxito es menor: "En este caso, nuestra acción no es cien por cien efectiva, porque la intermediación únicamente se puede iniciar si la otra parte quiere. Así que estaríamos hablando de un 96% de éxito por vía de intermediación y un 4% por la vía judicial. Si la situación es muy desesperada para el propietario, hacemos el esfuerzo de intentar ayudarle, pero si al cliente no le requiere ningún tipo de sacrificio esperar porque la solvencia es buena, pues directamente le digo que se espere y que no contrate". El precio "depende del conflicto", pero, según explica Cuesta, siempre se paga "el 50 % a la firma del contrato y, tras la recuperación, el 50% restante".