Todo el mundo se ha fijado en el primer robo pactado por Pedro Sánchez y ERC en su "financiación singular". Y es normal porque quitará al resto de CCAA entre 6.600 millones y 13.200 millones de euros, según los cálculos preliminares de FEDEA. Pero hay una segunda partida. Una de la que nadie habla y que puede suponer un segundo apartado de robo de presupuesto público y de recaudación fiscal nacional para contentar al separatismo de una cuantía muy elevada y difícilmente estimable. Y es que lo que pida la Generalidad en materia de inversiones será evaluado por un organismo paritario donde, de forma plenamente expresa, se cambiarán votos por más dinero. Y sólo Cataluña disfrutará de este mecanismo a espaldas del Parlamento nacional.
Es complicado evaluar el número de barbaridades que incluye el pacto de Sánchez con el separatismo catalán para mantener los acuerdos de apoyo cruzado en Moncloa -a él mismo- y el Gobierno catalán —a Salvador Illa pero con el guión de ERC—. Pero un punto ha pasado desapercibido y su importancia es capital. Uno más que apunta a un robo masivo de recursos nacionales con destino a las arcas separatistas.
El texto del acuerdo recoge expresamente un régimen de "TRANSITORIEDAD", hasta que la entrega del 100% de los impuestos a Cataluña se haya materializado. "Mientras se produzca el despliegue del nuevo modelo de financiación descrito en este documento se llevarán a cabo las siguientes acciones", señala.
Ahí se confirma ya un "incremento sustancial de recursos: incrementar los recursos derivados de la evolución de las necesidades del Estado del Bienestar y compensar los desequilibrios que se han producido en la vigencia del actual modelo". También se pacta la salida inmediata de Cataluña del sistema de solidaridad: "Ordinalidad" según la capacidad fiscal: Cataluña aporta al sistema de financiación más de lo que recibe, ya que tiene un mayor nivel de renta y consumo que otros territorios. En cualquier caso, la financiación de Cataluña debe respetar el principio de ordinalidad. Las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, deben mantener el mismo orden que en la escala de lo que reciben. Se trata de un cambio estructural en el sistema de financiación, que en caso de no adoptarse durante 2025, requerirá medidas compensatorias".
¿Qué significa? Pues que si Cataluña aporta en la actualidad -poco más de 2.000 millones en términos de balanzas fiscales, un tercio que Madrid teniendo la comunidad que gobierna Díaz Ayuso menos población- también debe recibir. Es más, si es la segunda aportando, debe ser la segunda recibiendo. Traducido: soplar y sorber a la vez. O, lo que es lo mismo, que todo lo que aporte, se le devuelve, con lo que no aporta nada al sistema de solidaridad del resto.
Pero entre el resto de puntos que figuran en ese acuerdo se incluye otro más igualmente decisivo: "Consorcio para las inversiones: para hacer frente al déficit de inversiones en Cataluña y la baja ejecución de las inversiones previstas, se constituirá un Consorcio paritario Estado-Generalidad. Su objeto será la gestión y ejecución de las inversiones del Estado en Cataluña.
Se definirá un marco plurianual de financiación en el Convenio de creación del Consorcio en el que se tenga como referencia, para dotarlo presupuestariamente, a la media de inversión pública sobre el PIB en el conjunto del Estado. Es decir, se establecerá la financiación para el Consorcio en una cifra equivalente a la aplicación de la ratio sobre el PIB que se presupuesta". Es decir, el acuerdo incluye un segundo cupo, en esta ocasión para las inversiones. Porque, aunque Cataluña tenga más AVE que nadie, o más carreteras que la media, o mejor infraestructura aérea o ferroviaria que el resto, no podrá recibir inversiones anuales por debajo de la media y sí podrá recibirlas superiores a esa misma media a petición y negociación del separatismo a cambio de apoyo político a Sánchez.
Y todo ello se sumará al punto ya conocido de que sea "la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña y aumente sustancialmente la capacidad normativa en coordinación con el Estado y la Unión Europea. La gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos soportados en Cataluña corresponden a la Agencia Tributaria de Cataluña, salvo los de naturaleza local". Traducido. No hay un "cuponazo". Hay dos.